El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) exigió el lunes liberar a la etarra Inés del Río Prada y abrió la puerta a que decenas de presos condenados a largas penas salgan antes de la cárcel, provocando la indignación de víctimas de la organización separatista armada.
El TEDH, con sede en Estrasburgo (este de Francia), dio satisfacción a la demanda de Del Río contra la aplicación retroactiva de la llamada Doctrina Parot. Esa doctrina establece que las reducciones de condena se descuentan de cada una de las penas que pesan sobre un reo, y no sobre los 30 años de cumplimiento máximo efectivo de cárcel previsto por la ley.
Esta interpretación prolonga el tiempo de encarcelamiento en caso de múltiples condenas.
Del Río, de 55 años, encarcelada desde 1989, fue condenada a un total de 3.828 años de cárcel por varios asesinatos y tendría que haber salido en 2008 con los beneficios penintenciarios previstos cuando fue condenada.
Pero debido a la aplicación retroactiva de la Doctrina Parot, adoptada en 2006, la justicia española pretendía retrasar su liberación hasta 2017.
Esta decisión de la Gran Cámara del TEDH confirma el veredicto pronunciado en julio de 2012, recurrido por Madrid, pero que ahora es definitivo.
Como en 2012, el TEDH reprochó a España haber violado con esa aplicación retroactiva la Convención Europea de Derechos Humanos.
“El Tribunal estima que la demandante no podía prever que el Tribunal Supremo [español] aplicaría un cambio de jurisprudencia en febrero de 2006 ni que ese cambio de jurisprudencia le sería aplicado acarreando una postergación de la liberación” estimaron los jueces de Estrasburgo.
“Por tanto, la demandante ha purgado una pena de detención de una duración superior a la que hubiera debido sufrir según el sistema jurídico español en vigencia en el momento de su condena”, consideró el tribunal, que pidió a España que libere a Inés del Río Prada “en el más breve plazo”.
VEREDICTO PODRÍA BENEFICIAR A DECENAS DE PRESOS
Este veredicto definitivo podría obligar a España a liberar a decenas de presos de ETA y a reos condenados a largas penas por causas comunes.
El gobierno lamentó el fallo pero descartó generalizar automáticamente sus beneficios a otros reos, alegando que le corresponderá más bien a los tribunales estudiar sus consecuencias caso por caso.
“Se ha producido un fallo pero no hay una doctrina y habrá que resolver individualmente”, subrayó el ministro de Justicia español, Alberto Ruiz Gallardón, durante una rueda de prensa con el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz.
“¿Un crimen equivale a 130 crímenes?”, preguntó a los jueces europeos Francisco Sanz Gandasegui, uno de los representantes de España, al defender la legitimidad de la Doctrina Parot.
Un colectivo de víctimas de ETA pidió al gobierno desacatar la sentencia del TEDH.
“Vamos a pedir, primero, que no se acate. Y, por supuesto, que no hay por qué abrirles las puertas de las cárceles, tendrán que recurrir uno a uno”, reclamó Ángeles Pedraza, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
El fallo del TEDH “supone un retroceso en la defensa del derecho de las víctimas del terrorismo a ser resarcidas mediante el cumplimiento íntegro de las penas de quienes fueron condenados por cometer atentados terroristas”, afirmaron las asociaciones de víctimas del terrorismo en España en un comunicado conjunto.
La sentencia del TEDH se hizo pública un día después del segundo aniversario del anuncio por ETA del “cese definitivo de su actividad armada”, que causó 829 muertos en más de 40 años de atentados.
El gobierno dejó en claro en cualquier caso que mantendrá su política, de exigir que ETA deponga las armas antes de encarar cualquier discusión.
“En relación con ETA, la política del gobierno no va a cambiar, vamos a seguir actuando hasta conseguir su disolución completa”, dijo Fernández Díaz, asegurando que Madrid “no ha negociado ni va a negociar” con la organización separatista armada vasca.
