Un centenar de médicos del hospital público que atiende a un 5% de la población de Quito y sus alrededores amenazó el viernes con renunciar, si el Gobierno pone en vigencia un nuevo código penal que condena la mala práctica profesional.

“La renuncia es de todos los médicos y profesionales de la salud” del sanatorio Pablo Arturo Suárez, dijo a la prensa Diego Andrade, uno de los funcionarios de ese centro, entre los principales de la capital y ubicado en el norte.

El médico agregó que “no hay las condiciones para trabajar sobre todo por el nuevo código penal”, y que “lo que queremos es proteger nuestra libertad y a nuestras familias”.

“Mientras no se promulgue la ley, (los pacientes) seguirán siendo atendidos. La renuncia nuestra es a partir de la fecha en que se promulgue”, declaró Andrade.

Hace una semana, el Congreso aprobó el contenido mayoritario de un código penal planteado por el Ejecutivo y que reemplazaría al vigente desde 1938, de ser avalado por el presidente izquierdista Rafael Correa.

Entre unos 40 nuevos delitos incluidos en la norma está el de homicidio por mala práctica profesional, que prevé sanciones con hasta cinco años de cárcel, además de la revocatoria temporal de la licencia profesional y la obligación de rendir un examen para reinsertarse en el mercado laboral.

La Federación Médica Ecuatoriana divulgó en su página electrónica un comunicado de los doctores y otros colaboradores del hospital Pablo Arturo Suárez, en el que consideran que el código “es atentatorio contra nuestro desempeño profesional”.

“En defensa de nuestros pacientes y de la salud del país, quienes serán los perjudicados por esta ley punitiva y castigadora, exigimos que no se criminalice nuestra labor, ya que en nuestras manos no está garantizar la inmortalidad”, añadieron.

Los médicos señalaron que su “posición es presentar la renuncia irrevocable” de entrar en vigencia la nueva ley penal.

“No soy ningún carnicero”, expresó a periodistas Juan Barriga, otro médico del Pablo Arturo Suárez. “No voy a estar juzgado como un delincuente común, tengo familia, y ante eso renuncio”.

Las autoridades de salud no se han pronunciado sobre la advertencia y, a través de su cuenta en Twitter, reportaron una “normal atención de los servicios de salud en todo el país”.