A los 10 mil millones de pesos asciende el eventual fraude al Fisco en la investigación de “facturas falsas” de empresarios ligados a la compra y venta de chatarra, en la Región del Maule, donde hay 18 imputados que actualmente se encuentran en libertad y con medidas cautelares.
En febrero de este año estas personas fueron detenidas por la PDI en el marco de la “Operación Faraón”.
La investigación que se arrastró por varios meses, dio cuenta que este grupo de imputados dirigidos por Alejandro Hernández Toro, defraudó al Fisco en varios miles de millones de pesos, que hoy a casi cinco meses de los arrestos y gracias al análisis financiero realizado por diverso peritos, se puede afirmar que el monto llegaría a la cantidad antes señalada.
Al respecto el fiscal Miguel Orellana, a cargo de la investigación y que ha contado con el apoyo de equipos especializados de la PDI conformado por la Unidad de Asesoría Técnica de Talca, Brigada de Delitos Económicos y Brigada de Lavados de Activos de Santiago, más profesionales del Servicio de Impuestos Internos, afirma que esta “verdadera banda”, que incluso reclutó a personas indigentes y con sus facultades mentales perturbadas, creaba empresas que en definitiva en el papel se dedicaba a exportar chatarra para luego cobrar al fisco la devolución del IVA exportador.
Esta vez y ante el Tribunal de Garantía de Talca, la fiscalía dio cuenta de nuevos integrantes en la comisión de este ilícito.
Orellana dijo que “se reformalizó la investigación con las mismas calificaciones jurídicas, pero agregamos nuevos testaferros que en definitiva generan la incorporación de más créditos fiscales falsos a las empresas del grupo de Alejandro Hernández y esas imputaciones las hicimos directamente para las empresas Socorex y Ecmetal desde dos manejadores de crédito fiscal falso que son Martín Martín Valdés y Luis Molina Jerez”.
En la audiencia se solicitó además el plazo de la detención, lo que fue acogido por el tribunal fijándose como cierre de la investigación debido a la gran cantidad de peritajes que están realizando peritos contables y la Brigada Cibercrimen de la PDI, en cuatro meses más.
