Este martes se presentarán todas las pruebas y testigos que serán esgrimidos en el juicio por la tragedia de la Cárcel de San Miguel, donde murieron 81 internos en un incendio el 8 de diciembre de 2011. El Ministerio Público formalizó por cuasi delito de homicidio a los ocho imputados, pero la parte querellante aseguró que los cargos corresponden también a homicidio por omisión.

A poco más de dos años del incendio de la Cárcel de San Miguel, este martes tendrá lugar la audiencia de preparación de juicio oral de la tragedia que cobró la vida de 81 internos.

De acuerdo a la teoría presentada por el Ministerio Público, el siniestro se produjo tras una riña de grupos rivales al interior del quinto piso del recinto penitenciario, la que escaló hasta que uno de los internos, con un lanzallamas casero, prendió fuego a unas barricadas que separaban distintos sectores de las celdas.

El vocero del grupo “81 razones por luchar”, César Pizarro, que agrupa a aproximadamente 60 familias de los fallecidos, aseguró que hay incertidumbre en el grupo, a causa del cambio de fiscales que se les comunicó hace dos semanas desde la Fiscalía Metropolitana Sur.

Sin embargo, Pizarro afirmó que las familias creen que sus deudos no fallecieron en vano, ya que se han realizado esfuerzos por mejorar la situación carcelaria del país.

El Ministerio Público formalizó por cuasidelito de homicido a los centinelas Fernando Orrego, José Poblete y Fernando Riquelme, el entonces director regional de Gendarmería, Carlos Bustos, el jefe operativo Jaime San Martin, el guardia José Hormazábal, el alcaide Segundo Sanzana y el jefe administrativo de la cárcel de San Miguel, Patricio Campos.

No obstante, el abogado querellante Carlos Quezada, que representa a 13 familias, cree que los delitos van más allá de los delitos imputados por el Ministerio Público, agregando que los cargos corresponden también a homicidio por omisión.

Desde las 08:30 horas de este 23 de abril, los familiares estarán en las dependencias del Centro de Justicia, para ver cuántos de ellos lograrán ingresar a la audiencia en el undécimo juzgado de garantía, donde se presentará la prueba a debatir en un juicio oral, que fuentes del caso estiman que durará por lo menos 4 meses.

Los imputados arriesgan a penas de entre 7 a 20 años de prisión.