Los diputados de la UDI, Gustavo Hasbún y Mónica Zalaquett, coincidieron este sábado de que la acusación constitucional que realizaron legisladores de oposición al titular de la cartera de Educación, Harald Beyer, tiene “un trasfondo político que busca desprestigiar y desacreditar al único ministro que está haciendo cumplir la ley”.
Hasbún sostuvo que con esto “lo que se está haciendo es protegiendo los intereses de grupos económicos vinculados a los partidos de la Concertación que tienen vínculos con universidades privadas, y eso a nosotros nos parece gravísimo y es algo que la ciudadanía tiene que saber”.
“La pregunta que uno se tiene que hacer -dijo Hasbún- es por qué justo las universidades que están siendo cuestionadas e investigadas son vinculadas a los partidos de la Concertación. No olvidemos que la Universidad del Mar, que tenía 3 mil alumnos, llegó a 22 mil en el período de la ex Presidenta Bachelet; no olvidemos que la Universidad Pedro de Valdivia, otra de las universidades cuestionadas, vinculada a la Democracia Cristiana; no olvidemos a la otra universidad cuestionada, la SEK, y lo mismo la UNIACC, vinculada al PPD, donde estaba Daniel Farkas”, expresó el diputado oficialista.
Dijo que “no puede ser que una acusación constitucional que es una herramienta que tiene la Cámara de Diputados para poder fiscalizar, hoy se le ponga en duda producto de malas prácticas de algunos diputados que creen que la acusación constitucional es para desacreditar y desprestigiar a una persona, y el mejor ejemplo de eso es que las tres acusaciones constitucionales anteriores a este período se han caído. Se cayó la acusación constitucional contra la intendenta de la Región de Atacama, la del ministro Hinzpeter y la de la ex intendenta del Biobío, Van Rysselberghe, que demuestra que es un abuso que están cometiendo algunos parlamentarios que, escudándose en el fuero que le otorga la ley, lo utilicen para desprestigiar y desacreditar a un ministro que ha cumplido su función en forma espectacular”.
Agregó que “esta acusación no tiene ningún sustento jurídico ni argumento de peso que demuestre que existe ese notable abandono de deberes”.
Por su parte, la diputada Mónica Zalaquett, manifestó que la acusación “es una de las grandes contradicciones que ha tenido la Concertación en los últimos años, y tenemos que ver quiénes realizan esta acusación: es un grupo de 10 diputados que no es su primer período (en funciones). Entonces por qué callaron durante todos esos años donde crecieron explosivamente este tipo de instituciones, donde ellos pavimentaron el camino y donde no dieron ninguna garantía a la ciudadanía de lo que estas universidades estaban ofreciendo”.
“Porqué en vez de estar juzgando y desviando el foco y quitando la energía no apresuraron la discusión, por ejemplo, de la superintendencia de Educación, la cual lleva más de un año en el Congreso, quizás el único instrumento eficaz que vamos a tener para poder detectar a tiempo estas malas prácticas”, agregó Zalaquett.
