El apoderado de una de las cuatro jóvenes a quienes el Colegio Inmaculada Concepción les canceló la matrícula, contraviniendo un dictamen judicial, solicitó el arresto de la sostenedora del establecimiento educacional.
Corresponde a Patricio Leal, uno de los dirigentes del centro de padres que se enfrascó en una disputa con la superiora provincial en Chile de la congregación, tras enterarse de la intención de venta del inmueble, ubicado en Anibal Pinto 340, en pleno centro de Concepción.
El escrito presentado en la Corte de Apelaciones penquista solicita al tribunal “se decrete el arresto por dos meses, o lo que la ilustrísima estime del caso, en contra de María de Los Ángeles Carrera Araya”.
La petición se basa, agrega el documento, en los reiterados incumplimientos graves de fallos emanados de la corte penquista y ratificados por la Corte Suprema, que obligan al colegio a reintegrar a cuatro alumnas, hijas de los dirigentes del centro de padres, a quienes se les impidió matricularse este año.
El recurso sostiene que el arresto de la sostenedora del colegio Inmaculada Concepción debe llevarse a cabo porque “nadie puede situarse por sobre la ley y quien pretenda hacerlo deberá atenerse a sus consecuencias”.
Agrega que la multa que puede aplicarse por impedir la matrícula de las estudiantes, oscila entre una y 5 UTM, hasta 200 mil pesos, cifra que la aludida puede pagar sin inconvenientes -señala el escrito- debido a los altos ingresos que la congregación recibe por los colegios a lo largo del país: 800 millones de pesos mensuales. Pagar reiteradamente para no cumplir con lo que se le obliga, sostiene el recurso, es “reírse de la justicia”.
“Nadie puede entender la testarudez para no cumplir lo ordenado y nadie tiene suficiente capacidad de tolerancia para no sentir una impotencia terrible ante tanta liviandad”, remata el escrito.