Un juez de Sao Paulo aceptó abrir un proceso penal contra un militar y dos comisarios acusados de secuestro durante la dictadura (1964-1985), la segunda vez que esto ocurre en Brasil, donde la ley de amnistía ha impedido juicios penales por delitos cometidos en ese período, informaron el miércoles la fiscalía y la justicia federal.
“El juez aceptó abrir proceso, fue aceptada la denuncia de la fiscalía contra el coronel retirado Carlos Alberto Brilhante Ustra”, comandante del destacamento de operaciones internas de Sao Paulo, informó a la AFP un portavoz de la justicia federal de Sao Paulo.
Ustra y otros dos comisarios, uno todavía activo, serán juzgados tras ser acusados del secuestro de Edgar Aquino Duarte, un ex fusilero naval expulsado en 1964 de las Fuerzas Armadas por oponerse al régimen, y detenido en 1971, informó la fiscalía en un comunicado.
A finales de agosto, la justicia federal de Marabá (estado amazónico de Pará) aceptó la primera denuncia contra dos militares, el coronel retirado Sebastiao Curió y el mayor de la reserva Licio Augusto Maciel, acusados de secuestrar a militantes de la guerrilla del Araguaia, en los años 70.
A diferencia de lo que ha sucedido en países vecinos, en Brasil ningún agente del Estado ha sido juzgado penalmente por violaciones a los derechos humanos en la dictadura, porque los ampara la ley de amnistía de 1979, ratificada hace dos años por la Corte Suprema.
Pero los fiscales de Pará y Sao Paulo argumentan que el delito de secuestro es imprescriptible y no está protegido por la amnistía, y basan su razonamiento en decisiones de la Corte Suprema, que aceptó extraditar a Argentina a militares argentinos acusados de secuestro en su país durante la dictadura.
La justicia de Sao Paulo afirmó haber aceptado la denuncia porque “el secuestro se prolonga hasta hoy, y solo cesa cuando la víctima sea liberada, si está viva, o si se encuentran sus restos mortales”.
El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff -detenida y torturada durante la dictadura- instaló este año una comisión para investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos durante el régimen, pero sin levantar la amnistía.
