Dirigentes de la Identidad Territorial Lafquenche manifestaron que la consulta a los pueblos indígenas debe realizarse antes de que se apruebe la idea de legislar el proyecto en el Congreso. De lo contrario, el tiempo será insuficiente para organizarla bien.

La Identidad Territorial Lafquenche se reunió en Valparaíso con el presidente del Senado, Camilo Escalona, y el presidente de la Comisión de Pesca, Antonio Horvath, a quienes entregaron su respuesta y donde recalcaron que para hacer una consulta efectiva en el marco de la modificación de la Ley de Pesca, se debe frenar su proceso de tramitación.

“Rechazamos categóricamente que este proceso lo pretendan desarrollar en un plazo de cuatro días y sin la coordinación previa con las organizaciones representativas de los pueblos originarios, cuestión que no permite cumplir con los mínimos estándares del Convenio 169”, expresaron en una declaración pública.

Este anuncio fue complementado por Miguel Cheuqueman, coordinador de la Identidad Territorial Lafquenche en la región de Los Lagos.

El dirigente comentó que el Estado chileno debe aplicar en este proceso de consulta, la misma rigurosidad que utiliza en otros conflictos con mapuche, como la Ley Antiterrorista.

Por lo mismo, se enfatizó que las disposiciones del Convenio 169 establecen que la consulta debe ser previa, libre e informada, lo cual debe cumplirse bajo los tiempos necesarios.

Cheuqueman advirtió que si la tramitación de la Ley no se detiene, la Consulta Indígena propuesta por el Senado no cumplirá con ser “previa”.

La idea de legislar el proyecto de ley que establece la reforma a la Ley de Pesca y Acuicultura será votada en el Senado el próximo 3 de octubre.

De aprobarse, posteriormente sólo permitirá que se adjunten indicaciones al proyecto, lo cual no constituye una garantía para el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, puntualizó Cheuqueman.

Así, recalcó que el proceso de tramitación de la ley debe detenerse, demanda que no sólo es de los pueblos indígenas, sino también de los pescadores artesanales, otro grupo mayoritario que se opone a la polémica iniciativa legislativa.