La guerrilla colombiana FARC entregó este domingo al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a dos pilotos de un helicóptero civil que tenían secuestrados desde el pasado 10 de julio, informó el organismo humanitario.

“El CICR traslada ahora a estos civiles a la ciudad de Popayán (capital del departamento de Cauca, 650 km al suroeste de Bogotá), donde se encontrarán con sus familias”, dijo en un comunicado de prensa.

Precisó que la liberación se produjo “en una zona rural del municipio de Argelia (Cauca)”, e identificó a los pilotos como Juan Carlos Álvarez y Alejandro de Jesús Ocampo.

“Nos alegra haber contribuido a facilitar la reunión de estas personas de nuevo con sus seres queridos”, dijo el delegado del CICR en Colombia, Jordi Raich, citado en el comunicado.

Raich puntualizó que la gestión del CICR se produjo por “solicitud directa del grupo armado”, y reiteró que el organismo está en “disposición para continuar prestando nuestros buenos oficios para este y otro tipo de acciones humanitarias en las que sea requerido nuestro rol de intermediario neutral”.

Los dos pilotos fueron entregados a delegados del CICR y de la ONG defensora de los derechos humanos ‘Francisco Isaías Cifuentes”, como lo habían pedido el pasado 25 de julio las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) en un comunicado.

Las FARC habían capturado a los dos pilotos cuando el helicóptero que tripulaban debió aterrizar de emergencia en la cancha de fútbol del pequeño poblado El Plateado, en el municipio de Argelia.

Tras el aterrizaje del helicóptero y luego de que los dos pilotos fueron tomados por la guerrilla, en el lugar explotó una motocicleta-bomba que provocó la muerte de un niño de siete años y cuatro heridos.

Las FARC aseguraron en ese comunicado que el helicóptero “llevaba cerca de dos meses sobrevolando intensamente la zona montañosa entre los municipios de Argelia, Guapi y Timbiquí (Cauca)”.

Además advirtieron que cualquier empresa estatal o privada que pretenda sobrevolar, estudiar o ejecutar obras en regiones con presencia rebelde debe “contar con la aprobación de la comunidad habitante del lugar” e “informar de sus actividades a la insurgencia revolucionaria” porque “solo así se le garantizará su seguridad”.

El departamento de Cauca ha sido en las últimas tres semanas escenario de fuerte tensión entre indígenas, militares y las FARC, por la exigencia de los aborígenes de que tanto los uniformados como los guerrilleros salgan de sus territorios, pues se declaran neutrales en el conflicto armado que padece el país.

Tanto el gobierno del presidente Juan Manuel Santos como el grupo guerrillero han rechazado esa solicitud.

Las FARC, la principal guerrilla colombiana con 48 años de sangrienta lucha armada contra el Estado y unos 9.200 combatientes, anunciaron en febrero pasado que dejarían la práctica del secuestro de civiles con fines extorsivos, una de sus principales fuentes de financiamiento.

Según un reciente informe de la ONG País Libre, que trabaja el flagelo del secuestro en Colombia, esa guerrilla disminuyó notablemente sus raptos durante el primer trimestre de 2012 con tres secuestros, frente a 19 del mismo período del año pasado.