Los presidentes de los países del Mercosur firmaron este martes Protocolo de Montevideo, que prevé una serie de medidas en caso de que en alguno de sus miembros o asociados se produzca un golpe de Estado, incluido el cierre de fronteras.

El Protocolo de Montevideo “es un mecanismo de respuesta casi automática e inmediata de defensa de la institucionalidad democrática en el caso de que alguno de los gobiernos electos fuera sometido a un golpe de Estado”, anunció el presidente de Uruguay, José Mujica, al exponer los resultados de la cumbre celebrada en la capital uruguaya.

De acuerdo con este convenio, “en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático”, los demás Estados se reunirán para realizar gestiones diplomáticas que promuevan el restablecimiento de la democracia en el país afectado.

Sin embargo, en caso de que estas gestiones no den frutos, podrán aplicar “de forma consensuada” medidas que van de la suspensión del derecho a participar en los órganos del Mercosur al cierre de fronteras, la suspensión o limitación “del comercio, el tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones y la provisión de energía, servicios y suministros”.

Asimismo, se podrá promover la suspensión del país afectado en otras organizaciones internacionales y “adoptar sanciones políticas y diplomáticas adicionales”.

El Protocolo establece, no obstante, que estas medidas “guardarán la debida proporcionalidad con la gravedad de la situación existente” y “no deberán poner en riesgo el bienestar de la población y el goce efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales” en el país sancionado.

Asimismo, indica el documento, deberán “respetar la soberanía e integridad territorial” de dicha nación.

Los países podrán suscribir este convenio hasta el 1 de marzo de 2012 y entrará en vigor a los 30 días de las la fecha de ratificación por el último de los Estados miembro del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

Los Estados asociados al bloque (Venezuela, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia y Colombia) podrán adherirse con posterioridad si no lo han hecho antes.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, destacó durante su intervención en la cumbre la importancia de este acuerdo, y evocó al golpe de Estado en Honduras (2009), el de Venezuela (2002), la rebelión policial en su país en 2010 -que él denunció como un intento de derrocarle-, así como el caso de los presuntos mercenarios abatidos en Bolivia en 2009, que según La Paz pretendían dar un golpe de Estado contra el mandatario Evo Morales.