El gobierno boliviano abre el lunes por tres días una “cumbre social”, dominada por sindicatos ligados al oficialismo, para discutir cómo profundizar sus políticas de tinte indígena y nacionalista, mientras la oposición considera la cita poco democrática.

“Más que construir una agenda (de gobierno) de cero, lo que tenemos que hacer es profundizar el cambio. Por eso este encuentro se llama ‘encuentro plurinacional para profundizar el cambio’”, afirmó este domingo el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, entrevistado por la red de medios oficiales.

El “cambio” es un término que utiliza el oficialismo para definir a la estrategia política de Morales, de tinte indígena y nacionalista.

Al encuentro fueron invitados más de 500 personas, principalmente de movimientos sociales que han sido el sustento político y electoral del presidente Evo Morales, el primer aymara en llegar a la presidencia de Bolivia, desde su fundación en 1825.

Romero señaló que la expectativa del encuentro, que se desarrollará en la ciudad de Cochabamba, 400 km al este de La Paz y feudo político oficialista, “es convertir este proceso histórico social en un verdadero salto cualitativo” en lo político y económico.

Las metas son -insistió- la “diversificación económica, la industrialización, la ampliación del aparato productivo, el reposicionamiento del país en el mercado externo y la diversificación de las exportaciones”.

Sin embargo, la cita ha sido cuestionada por la oposición, desde la derecha al centro-izquierda e incluso por analistas, que ven en el evento un perfil poco democrático, debido a que la mayoría de los invitados son afines al gobierno.

“Ya lo dije que esta cumbre no es un evento democrático, debido a que los participantes son el resultado de una invitación selectiva y no plural, realizada desde las esferas del poder”, afirmó el sociólogo y profesor universitario, Carlos Cordero.

En su criterio, la cita podría ser “un intento de suplantar instancias políticas y plurales como el Parlamento”, además de que para su organización hay un gasto de fondos económicos públicos.

El ministro Romero, ante las críticas, señaló que no sólo están invitados sindicatos de campesinos y obreros leales al presidente Morales, sino empresarios, universidades, gobernaciones y alcaldías que no necesariamente responden a lineamientos oficiales.

Una idea es que las conclusiones, que se conocerán oficialmente en enero, permitan definir “las responsabilidades del gobierno, las gobernaciones y las alcaldías”, acotó la autoridad gubernamental, brazo derecho del presidente Morales.

Sin embargo, de la cita se excluyeron la unitaria Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país y los indígenas de la Amazonia y el Chaco, ambos hasta hace poco incondicionales aliados gubernamentales.

La COB argumentó que el propio presidente Morales anticipó que una arista de la cita será discutir sobre un impopular incremento en el precio de los combustibles, que el mandatario ya intentó aplicar en diciembre de 2010, pero que retrocedió ante las protestas sociales callejeras.

Los nativos están distanciados de Morales, tras una marcha que realizaron en octubre hasta La Paz, para rechazar una carretera que pasaría por una reserva ecológica y que el gobernante insiste en construir.

La oposición política también disparó sobre la cita.

La senadora derechista Centa Reck lamentó en un comunicado difundido este domingo que “la economía errática, la terrible ola de inseguridad ciudadana, el narcotráfico desenfrenado, la conservación del medio ambiente, las deficitarias empresas nacioanalizadas no son el tema que preocupa a la cumbre” oficialista.