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Pólemica ley suspende penas a paramilitares desmovilizados en Colombia
Publicado por: Agencia AFP
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Unos 25.000 paramilitares desmovilizados en Colombia entre 2003 y 2006 quedaron amparados por una ley que entró en vigor el miércoles y suspendió la ejecución de penas para crímenes distintos a los de lesa humanidad, norma demandada ante la Corte por ONG de derechos humanos.

La ley, que hab√≠a sido promulgada a fines de 2010, qued√≥ lista con el reglamento que sancion√≥ el presidente Juan Manuel Santos la noche del martes en busca de garantizar que “se cumpla el compromiso de paz adquirido con las personas que dejaron las armas”, inform√≥ el Ejecutivo.

Unos 32.000 integrantes de los grupos paramilitares de extrema derecha que durante a√Īos combatieron a las guerillas izquierdistas de Colombia se desmovilizaron en un proceso de paz con el gobierno del expresidente √Ālvaro Uribe (2002-2010).

Ese proceso se norm√≥ con la Ley de Justicia y Paz, que otorg√≥ beneficios procesales a los jefes paramilitares que confesaran sus cr√≠menes atroces contra la poblaci√≥n civil y accedieran a reparar a sus v√≠ctimas. A cambio, pagar√≠an penas m√°ximas de ocho a√Īos de prisi√≥n.

Seg√ļn el gobierno de Santos, la nueva ley conocida como 1424 o Ley de desmovilizados busca cubrir el vac√≠o existente por la de Juticia y Paz, que dejaba en “un limbo jur√≠dico” al grueso de los exparamilitares que a√ļn habiendo delinquido no hab√≠an cometido delitos de lesa humanidad.

Pero grupos de defensa de los derechos humanos criticaron esa norma y la organización no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas la demandó ante la Corte Constitucional, por considerar que viola el derecho de las víctimas a la verdad y reparación.

“Esta ley significa la negaci√≥n del derecho a la verdad. Establece que personas que no fueron sometidas a ning√ļn proceso judicial se puedan beneficiar de la suspensi√≥n de ejcuci√≥n de pena si no tienen delitos de lesa humanidad y narran la verdad de los hechos”, refiri√≥ a la AFP Gustavo Gall√≥n, de la Comisi√≥n Colombiana de Juristas.

“El detalle de la ley es que esas revelaciones se har√°n ante la Comisi√≥n de Memoria Hist√≥rica y no podr√°n usarse en procedimientos judiciales. Eso viola el derecho a la verdad y a la reparaci√≥n. Es en realidad un indulto de facto o un indulto encubierto”, opin√≥ Gall√≥n.

Adem√°s, para este jurista, la Ley de desmovilizados, de la que tambi√©n pueden beneficiarse guerrilleros que hayan dejado las armas, es “contradictoria con la de reparaci√≥n de v√≠ctimas y restituci√≥n de tierras” que el presidente Santos promulg√≥ el pasado 10 de junio en presencia el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y que busca cobijar a unas 4 millones de v√≠ctimas del conflicto armado colombiano.

Sin embargo, el alto comisionado para la reintegraci√≥n, Alejandro Eder, rechaz√≥ que la ley 1424 pretenda otorgar indultos a los desmovilizados e insisti√≥ en que si estos incumplen con las condiciones fijadas por esa norma “se les levantar√° la suspensi√≥n de la pena”.

“Los desmovilizados deber√°n suscribir un acuerdo para la contribuci√≥n a la verdad hist√≥rica y a la reparaci√≥n”, asever√≥.

Seg√ļn el gobierno, la exigencia de confesi√≥n de cr√≠menes “busca proteger el derecho que tienen las v√≠ctimas y la sociedad colombiana de conocer el contexto y las causas de la conformaci√≥n de grupos organizados al margen de la ley, adem√°s de evitar la repetici√≥n de hechos violentos”.

A trav√©s de los testimonios de los jefes paramilitares acogidos a la Ley de Justicia y Paz han sido confesados 46.154 homicidios, 1.614 masacres, 4.389 desapariciones forzadas, y al menos 562 actos de tortura, seg√ļn un informe de la Fiscal√≠a de 2010.

Sin embargo, hasta ahora el Tribunal de Justicia y Paz ha emitido una sola condena en firme, confirmada el 27 de abril por la Corte Suprema, sobre la masacre de 13 campesinos de Mampuj√°n.

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