Con un acuerdo refrendado por la Tercera Sala de la Corte Suprema se puso fin al litigio judicial entre el fisco de Chile y los familiares de uno de los detenidos desaparecidos del Palacio de La Moneda, caso en el que se exigía el pago de una indemnización por el daño moral provocado por la pérdida.
En fallo unánime, los ministros Héctor Carreño, Sonia Araneda, Haroldo Brito, Guillermo Silva y el abogado integrante Luis Bates aprobaron la transacción entre el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los familiares de Óscar Avilés Jofré, detenido desde el 11 de septiembre de 1973, en las afueras del Palacio de Gobierno.
El acuerdo determina que el fisco cancelará -a los 4 hijos de Avilés Jofré (Elena, Jorge, José y Georgina Avilés Morales)- la suma única y total de $120.000.000, poniendo fin a un proceso que fue abierto en 2001 y que tramitó, en primera instancia, el Séptimo Juzgado Civil de Santiago.
En el tribunal de primera instancia, se había establecido un pago total de $240.000.000, divididos en $60.000.000 para cada uno de los hijos. Fallo que fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago.
El máximo tribunal, una vez que se realizaron los alegatos el 10 de mayo pasado, citó a las partes a conciliación para explorar un acuerdo que buscara resolver el conflicto.
Una vez acordado el monto y refrendada la decisión por el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio de Hacienda, se firmó el avenimiento con el que se puso fin al proceso.
Óscar Avilés Jofré, miembro del Grupo de Amigos Personales (GAP) del presidente Salvador Allende, fue detenido el 11 de septiembre de 1973, en las inmediaciones del Palacio de La Moneda, y llevado junto a otras 20 personas al Regimiento Tacna de Santiago.
El grupo fue sacado ilegalmente del recinto militar y trasladado hasta el Regimiento Peldehue del Ejército. Allí, fueron acribillados y luego inhumados en un sector de la unidad militar, donde permanecieron hasta 1978.
Ese año, se ordenó retirar los restos de los fusilados y llevarlos a otro lugar; sin embargo, pequeñas muestras óseas permanecieron en el lugar, las que fueron exhumadas por la ministra de la Corte de Apelaciones Amanda Valdovinos, en 2002, tras recibir información de la denominada Mesa de Diálogo de Derechos Humanos.
Las muestras óseas fueron llevadas hasta el Servicio Médico Legal para la realización de exámenes de ADN-mitocondrial. El 25 de enero pasado, el ministro en visita Juan Eduardo Fuentes Belmar entregó los resultados de las pericias que identifican con un 99,99% de certeza los restos de Óscar Avilés Jofré y de otros 10 detenidos desaparecidos del Palacio de La Moneda.
En el aspecto criminal se abrieron dos procesos: el primero referido a la desaparición de las 21 personas detenidas en la casa de gobierno y un segundo que apunta a la exhumación ilegal de sus restos en el año 1978.
La causa por las desapariciones se encuentran en tramitación y a cargo del ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar, y tiene 10 personas sometidas a proceso; en tanto, en la causa por la exhumación ilegal, conocida públicamente como “Operación retiro de televisores”, el 12 de agosto de 2009, la Segunda Sala de la Corte Suprema dictó sentencia definitiva, condenando a 9 personas a penas de 270 días de presidio remitido por este hecho.