Complejo sería para los familiares de las 81 personas fallecidas en el incendio del penal de San Miguel demandar responsabilidad del Estado, por cuanto todo apunta a que la tragedia se habría desencadenado por acción o intervención de los propios reos.

El antecedente fue precisado a La Radio por el abogado defensor penal privado de Temuco, Gaspar Antonio Calderón, amparado en su experiencia litigando causas similares, como por ejemplo, la referida a la representación que asumió con respecto de 8 familias de la zona.

Los hijos adolescentes de aquellas familias fallecieron en un incendio que en la madrugada del 9 de julio del año 1999 arrasó con instalaciones del Centro de Tránsito y Distribución Alborada de Temuco, dependiente del Servicio Nacional de Menores de La Araucanía.

Calderón, quien tras 7 años de dura batalla judicial, ganó la citada causa logrando que el Estado indemnizara con 10 millones de pesos a cada una de las familias de las víctimas.

Aclaró sin embargo, que ahora los antecedentes son a su juicio muy débiles como para entablar una demanda al fisco.

El jurista explicó en todo caso, que se debe verificar si se cumplió con el régimen carcelario y con las medidas de seguridad, pero al momento todo apunta a que los propios internos gatillaron la tragedia, lo que a su juicio diluye la responsabilidad del Estado en el hecho.