El Informe Anual sobre Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, advirtió que el Gobierno de Sebastián Piñera recibió un “sistema penitenciario en crisis”, afirmación que se condice con el drama revelado tras el incendio que cobró la vida de 81 internos de la Cárcel de San Miguel.

Imagen de Bullatop en Twitter

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“El actual Gobierno recibió un sistema penitenciario en crisis. Si bien se han tomado medidas para mejorar su estructura, el hacinamiento, la falta de condiciones mínimas de higiene dentro de los penales, los malos tratos de gendarmes a internos y el secretismo respecto de lo que sucede en los recintos penales son factores que agudizan y perpetúan la vulneración alevosa de los principios y derechos básicos contenidos en la normativa internacional de los Derechos Humanos”, asegura el documento divulgado hace unos días en su capítulo sobre Sistema Penitenciario y Derechos Humanos.

La investigación del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UDP, también expone cómo el terremoto de febrero afectó estructuralmente la red penitenciaria, profundizando la crisis en el sistema por la obligación de mover a los internos hacia otros penales.

Según el informe “los traslados agravan las condiciones de hacinamiento, problemas sanitarios y mala convivencia”, consignando que “según Gendarmería, los recursos necesarios para satisfacer necesidades urgentes de los recintos dañados ascienden a $2.755.500.000, cifra de la que no disponen”.

En base a las indagaciones del Consejo para la Reforma Penitenciaria, el informe de la casa de estudios cuestiona la utilización de los dineros destinados al área, planteando que hay un “aumento de presupuesto sin resultados demostrables”, argumentando que “en 2009, el monto para los programas de reinserción social de Gendarmería ascendió a casi 5 mil millones de pesos (4.898 millones)”.

La indagación agrega que “el presupuesto para el personal que desarrolla labores de reinserción, para los centros de reinserción social y para las comunidades terapéuticas fue de aproximadamente 21 mil millones de pesos. Confrontada con el presupuesto total de Gendarmería para 2009 ($190 mil millones), la suma indica que solamente el 13,67% se destina a actividades de reinserción”.

El informe recomienda “racionalizar la aplicación de la privación de libertad, ya que, como se ha demostrado, no hacerlo acarrea conflictos como el hacinamiento”, por lo que sostienen que “contar con un modelo de penas diversas, en que la privación de libertad sea una medida de última ratio, implica que las medidas alternativas a la cárcel constituyan una verdadera sanción y que sean percibidas como legítimas por la comunidad”.

A juicio de los investigadores de la UDP “es necesario abordar el problema y generar mayor estabilidad y solidez al sistema penitenciario, sea porque se adopta una visión de los derechos de las personas privadas de libertad, sea porque las malas condiciones del sistema atentan en contra del objetivo de lograr mayor seguridad interior, una de las principales preocupaciones de autoridades y líderes de opinión”.