En una sesión que contó con la masiva presencia en las tribunas de representantes de los funcionarios fiscales, la Sala de la Cámara de Diputados rechazó hoy la idea de legislar sobre el proyecto presentado por el Gobierno para reajustar los salarios de los trabajadores del sector público.

La propuesta legal ingresó ayer a trámite con un reajuste general de 3,7 por ciento pero la iniciativa fue rechazada en la Comisión de Hacienda de la Cámara, lo que motivó al Ejecutivo a presentar una indicación hoy en la Sala para elevar el monto del mejoramiento a un 4,2 por ciento.

Sin embargo, tras una sesión de dos horas y media que contó con la presencia de los ministros de Hacienda y de Trabajo y el activismo en las tribunas de cientos de representantes de los distintos gremios laborales del Estado -además de masivas manifestaciones en los alrededores de la sede del Congreso Nacional- los diputados terminaron rechazando en general el proyecto por 52 votos a favor y 60 en contra.

El debate estuvo dominado por las críticas al monto del reajuste y los recientes despidos de funcionarios públicos, por parte de los diputados opositores y regionalistas, y de las solicitudes de un esfuerzo mayor a las autoridades para elevar el reajuste y de elogios a la responsabilidad fiscal del Gobierno, de parte de los parlamentarios oficialistas.

Durante el debate en la Sala, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, valoró la disposición mostrada por los dirigentes de los gremios fiscales para dialogar durante semanas con el Gobierno sobre este tema y defendió el monto de reajuste propuesto señalando que en promedio es superior, en términos reales, a los mejoramientos otorgados en los últimos veinte años. Recalcó que con su proposición lo que busca el Ejecutivo es equilibrar los propósitos de mejorar el poder adquisitivo de las rentas de los servidores públicos con una sana administración fiscal. Respecto a los recientes despidos, aseguró que no hay motivaciones políticas tras ellos pero que están dispuestos a revisar aquellos que pudieran tener algún grado de arbitrariedad.

El diputado Pablo Lorenzini (DC) señaló que el reajuste propuesto equivale sólo a tres cuchuflíes diarios -mostrando un paquete de dicha golosina, los que luego ofreció al ministro Larraín- y contrastó ello con situaciones como las buenas expectativas de crecimiento, altas utilidades bancarias y elevado precio del cobre. Junto con enfatizar que “lo único que hay en este país es plata”, anunció que votaría en contra del proyecto hasta que no se planteara un reajuste razonable.

El diputado Pepe Auth (PPD) leyó parte de la carta que el año pasado el entonces candidato Sebastián Piñera envió a los funcionarios públicos prometiendo que mejoraría su condición y no habría despidos, tras lo cual denunció que esta discusión del reajuste está cruzada por la ola de desvinculaciones de los últimos días, lo que a su juicio crea un clima de inseguridad que afecta la función pública. También anunció voto de rechazo arguyendo que el dinamismo económico que vive el país debe reflejarse en las remuneraciones de los trabajadores.

El diputado Pedro Araya (PRI) dijo que votaría por el rechazo si el reajuste no se eleva a lo menos a un 5 por ciento y las autoridades no suscriben con los gremios un protocolo que garantice la estabilidad laboral de los funcionarios públicos a contrata y honorarios. Cuestionó en tal sentido los últimos despidos y los atribuyó a la inestabilidad provocada por la falta de voluntad de los distintos gobiernos para sincerar las reales dimensiones del personal del Estado.

El diputado Nicolás Monckeberg (RN) afirmó que esta era una sesión ingrata que se repetía todos los años, con negociaciones y paros de por medio, acusando de paso a los parlamentarios opositores de plantearse en una posición crítica sólo con fines políticos, sin sustento y contradictoria con la actitud que en este tema tuvieron en los gobiernos pasados. Defendió la proposición de reajuste señalando que es superior en promedio al otorgado en años anteriores y aseguró que en los cambios de gobierno de la Concertación ha habido también despidos y en mayor número.

El diputado Osvaldo Andrade (PS) acusó al Gobierno de haber actuado con mala fe en estas tratativas salariales con el sector público al despedir a numerosos funcionarios mientras conversaba con los gremios sobre el reajuste, recordando que en el sector privado los trabajadores gozan de fuero mientras negocian con el empleador. Aseguró que no votaría a favor de la iniciativa mientras no se propusiera un reajuste razonable, con bonos convenientes y un compromiso efectivo de no realizar despidos.

El diputado Ernesto Silva (UDI) sostuvo que en este debate las bancadas opositoras actúan con demagogia al plantear sólo anhelos y reclamos pero ningún argumento para comprobar la incorrección del reajuste. Opinó que el Gobierno actúa en forma responsable al plantear un reajuste que estima adecuado, recogiendo además los pedidos de los diputados de gobierno de elevar su primer ofrecimiento. Anunció su voto favorable expresando que afortunadamente en estas materias los parlamentarios no tienen iniciativa.

El diputado Fernando Meza (PRSD) también leyó la carta del candidato Piñera a los funcionarios públicos, acusó el incumplimiento de esas promesas y respaldó las demandas de los gremios del sector público. Asimismo, protestó por los despidos de funcionarios públicos y llamó a que también se entregue un sustantivo mejoramiento a los jubilados y montepiadas del país.

El diputado Guillermo Teillier (PC) manifestó que el Gobierno mostró insensibilidad al no recoger las aspiraciones de sector público e incurrió en una “maniobra marquetera” al subir de 3,7 al 4,2 por ciento su ofrecimiento, el que de todos modos consideró una burla a los trabajadores y parlamentarios. Anunció que no votaría a favor mientras el Gobierno no presente una oferta mínima del 5 por ciento y una cláusula de estabilidad laboral que ponga fin a los despidos.

La diputada Marta Isasi (Ind) anticipó su voto de rechazo calificando la propuesta de reajuste como miserable, mezquino y egoísta. Recalcó que como parlamentaria por Tarapacá siempre ha estado junto a los funcionarios públicos de su región y por ello también cuestionó los despidos de trabajadores fiscales a contrata y honorarios.

El proyecto rechazado otorgaba, a contar del 1 de diciembre de 2010, un reajuste general del 4,2 por ciento a las remuneraciones de los trabajadores del sector público, así como aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias y bonos de escolaridad, entre otros beneficios.

De acuerdo al artículo 68 de la Constitución Política, ante este rechazo en la cámara de origen del Congreso Nacional el Ejecutivo tiene abierta la posibilidad de solicitar que el proyecto pase al Senado a fin de que este se pronuncie y si logra que dos tercios de sus miembros presentes lo apruebe en general puede volver a iniciar su tramitación en la Cámara de Diputados.