El Sindicato del Área Periodística del Diario La Nación, el Colegio de Periodistas y la Federación de Trabajadores de Medios de Comunicación crearon un comité de libertad de expresión que, bajo el lema “La Nación, No”, buscará vías para tratar de impedir el fin de la impresión del diario.

Un grupo de abogados ya analiza la posibilidad de impugnarla ante el Tribunal Constitucional, ante la duda sobre si el cierre de la edición papel del matutino requeriría una ley, producto de que se trata de un medio vinculado al Estado.

El presidente del Colegio de Periodistas, Marcelo Castillo, estimó que el objetivo del gobierno es aniquilar La Nación, para lo cual su continuidad en formato eléctronico es sólo una excusa.

Mientras, la presidenta del Sindicato del Área Periodística de La Nación, Nancy Arancibia, afirmó que mantener el diario en su edición papel es viable, pero no ha habido voluntad de las nuevas autoridades para hacerlo.

Los trabajadores del diario La Nación recibieron el apoyo del vicepresidente de Partido Socialista, Álvaro Elizalde, y de la presidenta del PPD, Carolina Tohá, quienes abogaron para convertirlo en un medio público, autónomo y ciudadano, similar a Televisión Nacional.

Tohá admitió que fue un error que los gobiernos de la Concertación no promovieran este proyecto en sus 20 años de gestión, aunque dijo desconocer las razones.

Ayer se reunió el directorio de La Nación para conocer el nuevo proyecto y se espera que en su sesión del próximo miércoles defina la fecha en que dejará de circular en kioskos.