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Debaten dejar sin efecto ley que evitó juicios por violar DDHH en Uruguay
Publicado por: Yessenia Valenzuela
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La C√°mara de Diputados de Uruguay debat√≠a el mi√©rcoles un proyecto que declara inaplicable una ley que evit√≥ juicios por violaciones de derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), una pol√©mica norma que fue ratificada en dos plebiscitos en los √ļltimos 21 a√Īos.

La denominada Ley de Caducidad es “la m√°s oprobiosa” y “la m√°s indigna” de las normas uruguayas, dijo el diputado Felipe Michelini, a cargo de la argumentaci√≥n a favor del proyecto y que es hijo de Zelmar Michelini, ex senador que en 1976 fue secuestrado y asesinado en Buenos Aires, donde estaba exiliado tras el golpe de Estado de 1973.

Asegur√≥ adem√°s que al declarar sin valor jur√≠dico esta norma se estar√° ganando en “democracia de calidad” ya que se garantizar√° que “nadie m√°s gobierne en base a la tortura y el asesinato”.

Más de medio centenar de personas participaba de la sesión desde las barras mientras que ex presos políticos se manifestaban afuera del Palacio Legislativo con pancartas pidiendo la anulación de la ley.

El proyecto fue presentado por el partido gobernante, el izquierdista Frente Amplio, que tiene una ajustada mayoría en la Cámara (50 diputados de un total de 99) e instó a los legisladores de su sector que no están de acuerdo con la iniciativa a votar por disciplina partidaria.

El texto en debate declara como interpretaci√≥n obligatoria que los art√≠culos 1, 3 y 4 de la denominada Ley de Caducidad -aprobada en diciembre de 1986- “carecen de valor jur√≠dico alguno”.

Esos artículos refieren a que ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales. La ley obliga además a los jueces a consultar al Poder Ejecutivo qué casos de violaciones de los derechos humanos pueden ser juzgados.

El proyecto se apoya en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de octubre de 2009 que estableció que la aplicación de la Ley de Caducidad es inconstitucional en el caso que investiga la muerte de una militante comunista en 1974.

El gobierno afirma además que la Ley contradice las convenciones internacionales de derechos humanos a las que suscribió Uruguay, que ha sido cuestionado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esta norma.

La poblaci√≥n uruguaya, en tanto, se ha mostrado fuertemente dividida en torno a este tema: en 1989, en un primer referendo sobre la Ley de Caducidad, el 56% de los votantes se pronunci√≥ a favor de mantener su vigencia. Veinte a√Īos m√°s tarde, en 2009, una nueva iniciativa para anular la ley recibi√≥ una adhesi√≥n del 47%, cuando necesitaba m√°s del 50% para su aprobaci√≥n.

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