En la sede de la Fiscalía de Talagante se reunió la fiscal Solange Huerta, quien investiga las presuntas irregularidades que habrían cometido las autoridades al enfrentar el terremoto en febrero, junto a un grupo de 14 abogados querellantes.

Entre los juristas estaban Cinthya Tapia, Adolfo Ortega, Gonzalo Inzunza y Alfredo Morgado. Este último, representante de las víctimas, dijo que no sólo es necesario que la Fiscalía indague estos hechos, sino que individualice a las autoridades que estarían implicadas en los acontecimientos que ocasionaron la muerte de unas 500 personas y la desaparición de otras 70.