La justicia condenó, en el marco del llamado caso Registro Civil, a tres funcionarios públicos que reconocieron su participación en hechos ilícitos.

Además, la Fiscalía accedió a suspender la investigación que seguía contra dos ex ejecutivos de la empresa india TATA, la cual efectuaría la renovación de la plataforma tecnológica del servicio.

Tres nuevas condenas –mediante juicios abreviados- logró la Fiscalía Centro Norte, en el marco de este bullado caso de irregularidades dentro de reparticiones públicas.

En una extensa audiencia, el Ministerio Público logró condenar a Paula Espinoza; Luz Hernández y Víctor Araya, trabajadores de la Universidad de Santiago que reconocieron su complicidad en el delito de fraude al fisco, en la arista conocida como “honorarios”.

Por esta razón, el Séptimo Juzgado de Garantía capitalino los condenó a la pena de 541 días de presidio. Por ello, la fiscal de la causa, Alejandra Godoy, junto con mostrarse satisfecha con la resolución destacó el motivo por el que se accedió a una salida alternativa con los imputados.

En la misma instancia judicial, que duró más de cuatro horas, la Fiscalía además accedió a suspender la indagatoria que se sigue en contra de 14 inculpados.

Entre ellos, destacaban los ex directivos de la empresa India Tata, Arturo Nahum, ex gerente general de la firma; Domingo Frez, ex gerente de negocios para el sector público y el ingeniero Flavio Venturini, ex asesor externo y testigo clave en la investigación de la fiscalía.

La abogada del Consejo de Defensa del Estado, Luppy Aguirre, destacó que quienes accedieron a los beneficios de salidas alternativas, se debe a que no se está hablando de los principales inculpados, sino de cómplices o encubridores de los delitos.

El abogado Mauricio Bunda, representante del ex directivo de Tata Domingo Frez, llamó a no olvidar la presunción de inocencia de los imputados.

De este modo, se comienzan a ultimar los detalles y se despejan las dudas sobre quienes afrontarán un juicio oral, en el cual las principales acusaciones recaen sobre el ex director del Registro Civil, Guillermo Arenas, para quien se pidió una pena que llegaría a los 16 años de cárcel, y una multa de mil 100 millones de pesos.

Esto, según el Ministerio Público, debido a que Arenas y el ex rector de la Usach, Ubaldo Zúñiga habrían efectuado defraudaciones a las arcas fiscales que llegarían a los 600 millones de pesos.