El parlamento uruguayo aprobó el martes con apoyo de todos los partidos políticos una ley de emergencia carcelaria que prevé la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, tras un incendio en una cárcel departamental que dejó 12 presos muertos.
El Senado aprobó por unanimidad el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y que ya había sido votado por los diputados, cinco días después que el incendio relanzara el debate sobre la emergencia del sistema penitenciario, que alberga a casi 9.000 reclusos, una cifra que se cuatriplicó en 20 años.
La nueva ley permitirá destinar 15 millones de dólares a la construcción y refacción de centros penitenciarios fuera del presupuesto quinquenal y habilitará la creación de 1.500 puestos de trabajo como guardiacárceles.
La aprobación de la ley tuvo lugar el mismo día que el centenar de reclusos de la cárcel de Rocha (210 km al este de Montevideo), donde ocurrió el siniestro, iniciaron una huelga de hambre para reclamar que se determinen las responsabilidades del incendio.
El lunes, familiares de las víctimas realizaron una marcha en la que acusaron al jefe de la guardia de no abrir las puerta a tiempo para salvar a los reclusos.
El incendio, aparentemente accidental, ocurrió en la madrugada del jueves, cuando las llamas consumieron un bloque entero que albergaba a 20 presos: 12 de ellos murieron por afecciones respiratorias y asfixia, y los otros ocho sufrieron quemaduras graves.
El fuego y el humo se propagaron rápidamente gracias al material inflamable en el sector, como camas de madera, colchones y frazadas, que eran además utilizadas como separadores en un intento de generar una mínima intimidad en una cárcel sobrepoblada.
La cárcel albergaba a 112 hombres y 21 mujeres, aunque fue construida para alojar a no más de 60 reclusos.
El gobierno ha indicado que no hubo negligencia por parte de la guardia carcelaria, pero los diputados de la oposición votaron el martes interpelar al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para que explique las circunstancias en torno al incendio.
El lunes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno de Uruguay a investigar el hecho y prevenir su repetición, recordando que el Estado está obligado a garantizar la vida de los reclusos.
A su vez, el abogado de la familia de uno de los 12 presos fallecidos afirmó que el Estado es responsable de crímenes de lesa humanidad por ese hecho.
El abogado Gustavo Salle, que representa a la familia de un recluso que murió calcinado y a la de otro que resultó herido, dijo a la AFP que pidió la nulidad de lo actuado hasta ahora por entender que el marco jurídico en el que debe investigarse esta “masacre atroz” es el de la ley referida a crímenes de lesa humanidad y al trato cruel como una de las formas de consumar la tortura.
