La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó el martes en La Haya una demanda de Argentina para que ordenara el desmantelamiento de una pastera en Uruguay aduciendo que contaminaba un río limítrofe, al no hallar “pruebas concluyentes” al respecto.

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La máxima instancia judicial de la ONU consideró que Argentina “no aportó pruebas concluyentes” que permitan establecer que la pastera esté “afectando la calidad de las aguas o el equilibrio biológico” del río Uruguay, según el fallo leído por el juez Peter Tomka.

Por lo tanto, prosiguió el magistrado, “Uruguay no incumplió sus obligaciones de fondo” relativas a la protección del medioambiente previstas en el estatuto del río Uruguay de 1975, un tratado bilateral sobre el uso compartido del río.

En este sentido, desestimó una de las principales demandas de Argentina, es decir, que ordenara el desmantelamiento y relocalización de la pastera ahora propiedad de la finlandesa UPM, ubicada en la localidad de Fray Bentos, a 300 km al noroeste de Montevideo.

Asimismo, rechazó la petición argentina de recibir una indemnización por los daños ocasionados por la actividad industrial de la pastera.

En cambio, la CIJ dio la razón a Argentina al considerar que Uruguay sí incumplió su obligación de informar a su vecino sobre la construcción de la pastera, como le exige el estatuto del río.

El juez reprochó en especial a Montevideo que no informara a Buenos Aires mediante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) de sus “proyectos” para construir sendas fábricas de pasta de celulosa de la finlandesa Botnia y la española Ence, “pese a las repetidas peticiones” del organismo.

Para la máxima instancia judicial de la ONU, la CARU “desempeña un papel central” en la gestión conjunta del río por parte de ambos países vecinos y “no puede ser utilizada según los intereses de cada parte”.

Buenos Aires había demandado en 2006 a Montevideo al estimar que su vecino violó el tratado de 1975 por haber autorizado de “forma unilateral” la construcción de las pasteras.

Los planes de Botnia siguieron adelante. Ence terminó vendiendo su proyecto al consorcio sueco-finlandés Stora-Enso y al chileno Arauco, que planean construir una fábrica más al sur, en Punta Pereira (Colonia), a orillas del Río de la Plata, 200 km al oeste de Montevideo.

Uruguay, por su parte, había defendido la inocuidad de la actividad, aduciendo que ningún estudio independiente ha podido probar que provoque daños ambientales.

Ambas partes se han comprometido a respetar y aplicar el fallo, vinculante e inapelable, según el reglamento del tribunal de Naciones Unidas.

Con esta sentencia, Argentina y Uruguay esperan además pasar página a un diferendo que ha tensado las relaciones bilaterales en los últimos siete años.