El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, informó que el Ejecutivo interpondrá 23 querellas por igual número de ejecutados políticos en Dictadura, concretando de ésta forma el estreno de la nueva ley que dio origen al Instituto de Derechos Humanos.
Rosende explicó que las acciones legales se elevarán ante las cortes de apelaciones de Santiago, Rancagua, Concepción y Puerto Montt, para luego continuar con el proceso según corresponda a los casos presentados por familiares.
La autoridad descartó que esta arremetida legal se pueda contaminar por el ambiente electoral que se vive previo al balotaje señalando, a su parecer, que este tipo de temas está por sobre la contingencia de campaña.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados políticos, Alicia Lira, se mostró de acuerdo con la interposición de las acciones legales, aunque inicialmente se solicitó que el Instituto de Derechos Humanos tuviera a su cargo ésta prerrogativa.
Un equipo de abogados de la Subsecretaría del Interior tendrá la responsabilidad de tramitar las querellas en coordinación con los parientes de las víctimas de la violencia política.
