Reflexiones sobre Género, Justicia y Nueva Constitución
Desde 2015 y con diversas intensidades, el mundo ha visto numerosas expresiones de mujeres que, a través de movimientos sociales fundamentalmente, han puesto en evidencia el cansancio de un modelo social que excluye, discrimina y violenta a más de la mitad de la población en el mundo.
Chile ha sido parte de ese reclamo por igualdad entre personas de todas las identidades sexuales y de género. Lo vivimos con fuerza en el movimiento universitario de 2018 y en las acciones colectivas de 2019, con el histórico 8 de marzo de ese año. Hace poco lo encontramos en la lucha de tantas personas por lograr la paridad. Así, Chile hoy es un referente al convertirse, tras los resultados del plebiscito de 25 de octubre de 2020, en el primer proceso constituyente en el mundo que garantiza la paridad en el órgano que redactará una nueva Constitución Política.
Sin embargo, ello no es una garantía por sí misma de que se impulsen los variados temas que la agenda de los movimientos sociales de género y disidencias sexuales han puesto en el debate público nacional. El desafío que supone el carácter paritario que tendrá el órgano constituyente es cómo se concretan los cambios de género, en un país que sigue anclado en un modelo machista, heteronormado y patriarcal.
Desde la perspectiva de género, la discriminación contra las mujeres y las personas de disidencias sexuales es histórica, sistemática y estructural, lo que se expresa en diversas formas de exclusión en las distintas esferas de desarrollo de la vida en sociedad, lo cual, en último término, afecta la libertad de agenciar los propios proyectos de vida individuales y también colectivos. Ello se hace más grave cuando confluyen en tantas mujeres intersecciones de discriminación, como ser indígena, lesbiana, discapacitada o adulta mayor, por ejemplo.
Será por ello relevante que se logre acuerdo en torno a nuevos principios rectores del Estado con perspectiva de género. Pensar en una nueva forma de concebir la condición de personas sujetos de derecho y, específicamente, la ciudadanía de las mujeres y de personas de disidencias sexuales. Reconocer y garantizar derechos humanos con perspectiva de género. Reconocer a nuestros pueblos originarios y a nuestros niños, niñas y adolescentes. Favorecer la paridad en órganos de poder.
También, para ir erradicando la desigualdad de género es indispensable mirar la justicia con una mirada de género en la Nueva Constitución. El problema en torno al acceso a la justicia de mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, trans o de género fluido o no binario está plenamente vigente en Chile. Prueba de ello es que el Poder Judicial hoy se enfrenta a un fuerte escrutinio ciudadano cuando debe intervenir en causas de violencia sexual, de acoso laboral (incluso dentro de la propia institución) o de reconocimiento de formas diversas de familia, como hemos visto en el año 2020.
Se requiere entonces que el cambio constitucional también apunte hacia la justicia para avanzar en igualdad y género. No sólo con la consagración de necesarios derechos como vivir libres de violencia de género, sino también revisando aspectos estructurales del Poder Judicial, desde el gobierno y administración de la institución, hasta la garantía de paridad en los tribunales superiores de justicia.
Cambios de ese tipo, con reconocimiento constitucional, podrían favorecer el avance en la erradicación de algunas características generales de dicha institución que inciden en la atención a personas usuarias y en las relaciones al interior de la Institución, profundizando los problemas de acceso a la justicia y género.
La investigación aplicada desarrollada desde la Universidad de Concepción en el período 2018 a 2020, por un equipo interdisciplinario, nos permite afirmar que al carácter jerarquizado del Poder Judicial se unen una cultura organizacional que a veces dificulta espacios para la crítica y para las propuestas que puedan derribar concepciones sexistas. Ello es preocupante, pues tales concepciones sexistas, como estereotipos sobre el comportamiento sexual de las mujeres, por ejemplo, a veces se trasladan a las causas en que las personas víctimas de violencia buscan tutela judicial efectiva.
Es tiempo de pensar que la justicia y la perspectiva de género deben incorporarse en el nuevo pacto social si queremos, de verdad, un pacto social legitimado no sólo en su origen y proceso, sino también en sus resultados. Para que cada persona se sienta incluida desde su identidad sexual y de género en el Chile del siglo XXI.
