Sin duda, en un escenario poco frecuente, ambos extremos del espectro político encontraron un punto de coincidencia. Representantes de la UDI y el PC condenaron la venta ilegal de un fúsil AK-47 y solicitaron que no se genere un doble estándar respecto de las acciones que debe adoptar el Gobierno ante situaciones de violencia.
Lo anterior, luego de la publicación que dio a conocer ayer BioBioChile, la cual reveló que los cinco formalizados en esta causa -por el delito de porte y tenencia de armas de fuego y municiones- tienen un marcado perfil de derecha y viven en el barrio alto de Santiago.
Sin embargo, hasta ahora el Gobierno ha evitado anunciar acciones, como invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Con tibieza, el ministro del Interior subrogante, Juan Francisco Galli, se limitó a enfatizar que la investigación fue decretada secreta por los tribunales y “si es que hay antecedentes que den lugar a una querella, eso se evaluará en su momento”.
Lo anterior, a contramano de lo que se conoció ayer: la propia cartera de Estado presentó una querella -amparado en dicha normativa- en contra del ex mirista y ex Túpac Amaru, Jaime Castillo, por el caso de una supuesta incitación a la subversión del orden público durante la presentación del libro “Chem Ka Rakiduam, pensamiento y acción de la CAM”, el pasado 16 de enero.
En dicha instancia dijo que “el único espacio que existe es para la lucha concreta en la calle, como en el campo, en la montaña, como se hace en el sur de Chile en el Wallmapu, y es la única forma de lograr realmente organizarnos (…). Por eso es importante este libro, porque nos refleja acciones concretas donde un puñado de combatientes son capaces de ir al corazón del enemigo en la industria maderera forestal (…). Es efectivamente una guerra de guerrillas, de desgaste, sabotaje político, militar, acción de milicianos, acciones de comandos”.
Y, contrario al caso Ak-47, ante este suceso Galli sí fue crítico y, más aún, justificó la acción interpuesta por el Gobierno. “Presentamos una querella en contra de una persona que está identificada, que había participado en el extranjero en actividades terroristas y que en Chile, tenemos antecedentes, llamó al sabotaje político militar e incluso llamó a establecer una guerra de guerrillas. Por lo mismo llamamos a que hay que trazar claramente el límite de nuestro marco democrático y de las personas que salen de ese marco democrático”, aseguró.
El reproche de los hermanos Moreira
En ese contexto, el senador Iván Moreira y vocero de verano de la UDI subrayó que “en esta materia no tenemos que tener un doble estándar (…) Con absoluta certeza nosotros tenemos que aplicar la ley. La misma ley para la extrema izquierda y la misma ley para la extrema derecha si están contrabandeando este tipo de armas ilegales y (dilucidar) cuáles son los fines que buscan en un minuto en que el país ha estado convulsionado. Tenemos que defender el Estado de Derecho”, aseguró.
A su parecer, “no es el punto si son de derecha, izquierda o de centro, lo importante es que aquí se sancione una venta ilegal de un armamento muy sofisticado, que es utilizado militarmente para la guerra. Así como hoy se acusa a gente que es simpatizante de derecha, en otro podría decirse que es gente de izquierda”.
En la misma línea, en tanto, su hermano Christian Moreira, diputado UDI miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, también apuntó a la gravedad del hecho y enfatizó que debe ser investigado a fondo.
“Es un caso extremadamente grave, por lo que significa estar a disposición de un armamento de alto calibre, muy mortífero, que no se tiene claro cuáles eran las intenciones, como coleccionista o para perpetrar un delito (…) Creo que se tiene que esclarecer y si se ha cometido delito se tiene que aplicar las penas que corresponden al caso”, precisó el parlamentario.
PC acusa complicidad del Gobierno
En la oposición, por supuesto, concordaron con la mirada crítica de la UDI. Eso sí, desde el Partido Comunista (PC) fueron un poco más allá y acusaron doble estándar de La Moneda en comparación a la situación de Castillo.
“Civiles que coinciden con vivir en el barrio alto y ser pinochetistas, se organizan para traficar un fusil de guerra AK-47 haciendo alusión a marzo y la crisis social. Otros verán la gravedad en unos cuadernos, carteles en el festival o la rutina del humor”, dijo la diputada comunista Karol Cariola, en alusión a la polémica que levantó el propio senador Moreira con Colon y las polémicas restricciones anunciadas para el evento de Viña del Mar, organizado por la administración de Virginia Reginato (UDI).
En tanto, Marcos Barraza (PC), exministro de Desarrollo Social del segundo mandato de Michelle Bachelet, también se sumó a las críticas.
“La derecha coordinaba saqueos y ahora buscan armarse comprando AK-47. Sorprende el doble estándar del Gobierno de Chile para condenar la violencia, pues la promueve diariamente la derecha, callan de manera cómplice”, apuntó vía Twitter.
Con todo, si bien el caso AK-47 sigue sin provocar acciones desde el Ejecutivo, el proceso está siendo perseguido por la Fiscalía, que formalizó a los cinco imputados en el caso, quienes ahora deberán explicar el fin de la transacción ilegal de un arma de grueso calibre bajo el contexto de la crisis social en el país.
