¿El fin de la impunidad?

Los recientes ataques violentos contra la ministra Ximena Lincolao y la posterior detención de sus responsables, constituyen una señal que debe ser leída con atención. No por lo excepcional del hecho, sino porque rompe, aunque sea de manera parcial, con una preocupante tendencia: la normalización de la impunidad frente a la violencia política.

Durante bastante tiempo, Chile ha convivido con una sensación de impunidad generalizada. El vandalismo, la destrucción de propiedad pública y los ataques personales a autoridades se han convertido en un paisaje cotidiano donde las consecuencias brillan por su ausencia. Que hoy existan nombres, rostros y procesos judiciales en curso rompe esa inercia.

Se esperaría que la universidad, por su parte, adopte las sanciones y medidas que correspondan. Sin embargo, este episodio ha dejado en evidencia una realidad preocupante: la actitud de algunos directivos que, más que ejercer como autoridades universitarias, parecen alinearse con lógicas de activismo frente a este tipo de actos.

En este contexto, cobra fuerza una discusión de fondo: ¿Deben mantenerse intactos beneficios como la gratuidad para estudiantes que participan en hechos graves de violencia?

Desde una perspectiva de responsabilidad fiscal y justicia social, la pregunta es legítima. Los recursos públicos son escasos y provienen, en gran medida, de impuestos que pagan todos los chilenos, incluido el IVA, que afecta proporcionalmente más a los sectores de menores ingresos. ¿Es razonable que esos recursos financien la formación de quienes atentan contra la convivencia democrática?

Frente a esto, parte de la izquierda ha sostenido que los derechos sociales son, por definición, incondicionales. Sin embargo, esa postura omite un elemento fundamental: toda comunidad política se sostiene en un equilibrio entre derechos y deberes. Romper ese equilibrio no fortalece derechos; sino que los vacía de contenido.

Además, conviene no olvidar que la legitimación de la confrontación como herramienta política no es un fenómeno nuevo. Sectores que hoy ocupan posiciones de poder, como el Frente Amplio, emergieron en un contexto donde la presión, la movilización disruptiva y, en ocasiones, la transgresión de normas eran parte de su repertorio de acción.

La violencia no puede convertirse en un lenguaje aceptable de participación pública, ni la intolerancia en un mecanismo legítimo de expresión. Si queremos fortalecer nuestra democracia, debemos ser claros: los actos tienen consecuencias y los derechos naturalmente implican deberes.

Santiago Cruz H.
Investigador Res Publica