La Contraloría General de la República (CGR) detectó deficiencias en un total de 79 casos de notificación y protocolo de posibles donantes de órganos y cuestionó la falta de coordinación entre hospitales de la región de La Araucanía.
Una indagatoria que surgió a raíz del caso de Joaquín Bustos, joven cuyos órganos no lograron ser donados en julio del año pasado por la falta de un avión para trasladar las procuras desde Temuco, razón por la que se perdió la posibilidad de ser trasplantado un corazón, dos pulmones, un hígado y un páncreas.
A raíz de ello, el órgano contralor decidió investigar qué sucedía con los protocolos en La Araucanía, lo que arrojó como resultado dos informes que revisaron los procesos administrativos en el Servicio de Salud Araucanía Norte (41 casos) y Sur (38 casos), realizados entre enero y octubre de 2019.
El chequeo de la CGR dejó en evidencia que en 11 casos, al aplicar la evaluación Glasgow 3 -el procedimiento médico que permite descartar o advertir a un potencial donante de órganos-, no se acreditó que los médicos tratantes o los centros de salud sometieran a los sujetos a los protocolos correspondientes.
En tanto, otros tres pacientes fallecidos por criterio neurológico simplemente no fueron sometidos a la evaluación.
Se constató también casos de potenciales donantes que se encontraban en centros de salud no habilitados para la donación, los que no realizaron las gestiones de coordinación para ser trasladados a hospitales generadores de posibles donantes. En particular, según Contraloría, se trata de 24 pacientes fallecidos por criterio neurológico.
Asimismo, en otros 39 casos pacientes fallecieron en seis establecimientos dependientes, donde no se realizaron las coordinaciones con los hospitales respectivos.
Por orden de la CGR, en los dos servicios de salud se realizarán sumarios para determinar eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios, por lo que ambos deberán informar en un plazo de 15 días el inicio de los procedimientos disciplinarios.
En el informe, Contraloría también advirtió a la Coordinadora Nacional de Procuramiento y Trasplante sobre la necesidad de gestionar contratos con empresas privadas o convenios con organismos públicos, para asegurar la disponibilidad de traslado aéreo y que no se vuelvan a registrar casos como el de Joaquín Bustos.
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En conversación con Radio Bío Bío en Temuco, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, respondió a los cuestionamientos y admitió que ellos habían conocido algunos casos previo a lo indicado por Contraloría. “Hicimos un levantamiento a través de la coordinación nacional y detectamos varios problemas. Y el primer problema es que, a pesar que existe una obligación legal para los médicos -que manejan pacientes que pueden eventualmente evolucionar hacia una muerte cerebral- de avisar a los centros de coordinación de trasplante locales y nacionales, en general no es cumplida satisfactoriamente”, admitió.
Y si bien anunció investigaciones, tal como lo exigió Contraloría, puso en duda que los 79 casos hayan sido donantes efectivos. “Si así hubiera sido, que efectivamente estas personas llegaron a estar en muerte cerebral, cosa que dudo para los 79 casos, hay que ver que responsabilidad tienen y que sanciones se aplican a cada uno de los médicos tratantes de dichas unidades”, indicó la autoridad.
Responsabilidad de los médicos
El integrante del directorio de la Sociedad Chilena de Trasplante, José Manuel Palacios, dijo que sólo con mayor fiscalización han aumentado los casos de donantes efectivos.
“Ha habido un incremento sustantivo en términos de donantes efectivos, sin haber cambiado grandes cosas más que una fiscalización de la oportuna notificación. Eso demuestra que efectivamente hay una responsabilidad de los médicos”, acusó.
En suma, el resultado de esta investigación cobra relevancia considerando que, según Contraloría, estas situaciones podrían haber ayudado a disminuir la brecha entre los 176 donantes que hubo en Chile en 2019 con los 1.973 pacientes que durante ese mismo año esperaban donación de órganos a nivel nacional.
