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Autoridades cansadas de desmanes en el campus de la UdeC: realizarán trabajo en conjunto

‏@PabloAlvearM | Twitter
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El rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, se reunió con el alcalde Álvaro Ortiz para coordinar un trabajo en conjunto, luego de las 24 “batallas campales” de las que ha sido escenario el campus.

Sólo el “jolgorio” efectuado la semana pasada significó un gasto de 4 millones de pesos para limpiar el sector. En lo que va de este año, se han destinado más de 70 millones de pesos para subsanar la destrucción y suciedad, que genera un perjuicio a la imagen y al patrimonio.

Lo anterior, ya que el polígono central -desde el Arco de Medicina, pasando por el Foro y hasta la Biblioteca- cuenta con la declaración de Monumento Histórico Nacional, a pesar de que aún falta que la ministra de Educación firme el decreto.

Una vez que esto ocurra, se impondrán penas más altas para quienes causen destrozos y se podrá incluir al Consejo de Monumentos Nacionales en las acciones legales que se persigan.

Sergio Lavanchy afirmó que existe sensación de impunidad respecto de los detenidos en cada uno de los actos violentos que han ocurrido de la Universidad de Concepción.

En relación a los topes que fueron instalados en los últimos días en los ingresos del campus -y que dejan sin posibilidad de ingresar a los vehículos- el vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, Alejandro Santa María, explicó que esta acción responde a los 12 millones de pesos que se han invertido para recuperar la destruida red de calefacción en varias oportunidades, debido al paso de móviles, incluidos carros policiales.

Además de la universidad, el sector aledaño al campus también sufre los efectos de la violencia y de las bombas lacrimógenas.

Los locales comerciales se ven obligados a cerrar sus cortinas y la gente que vive en los alrededores de la Plaza Perú prácticamente se encierra en sus hogares, impotentes.

El alcalde de Concepción calificó la intransigencia de varios de los manifestantes como “fascismo de izquierda” y apuntó a la necesidad de que la justicia actúe con rigurosidad y que los sumarios internos de la institución presenten sanciones ejemplarizadoras.

Al respecto, Álvaro Ortiz sentenció que las personas que no aportan y sólo destruyen, no buscan una reivindicación social, sino que son delincuentes.

Parte de los compromisos asumidos por las autoridades se orientan a buscar la inclusión del Gobierno Regional, la Gobernación y las policías, con el fin de manejar un problema que afirmaron que es de todos.

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