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Intendente Díaz: Aprobación de “Octopus” es motivo de celebración para región del Bío Bío

ARCHIVO | Agencia UNO
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El intendente de la región del Bío Bío, Rodrigo Díaz, abordó este miércoles la aprobación ambiental del proyecto GNL Penco Lirquén, conocido como “Octopus”, afirmando que si bien la votación fue resultado de una evaluación técnica, es necesario reconocer que la región tiene una necesidad creciente de un combustible más limpio y económico.

“El que se haya aprobado ese proyecto ayer es un motivo de celebración para los habitantes de la región del Bío Bío, y lo es porque no queremos más adultos mayores o jóvenes que estén respirando un aire sucio o contaminado”, dijo el intendente.

Díaz enfatizó en que “queremos que se remplace la leña, el carbón y el fuel oil por un combustible más sano, como es el gas natural”.

El sector empresarial e industrial de la región celebró la aprobación ambiental de este proyecto, por su aporte a la diversificación de la matriz energética.

Elizabeth Gomez, presidenta de la Cámara de la Producción y del Comercio, comentó que “el proyecto beneficia la salud de la población y el medio ambiente. Contábamos con gas desde Argentina y volver a contar con él va a ser un aporte para la industria”.

Desde el sector de la pesca artesanal sienten que serán directamente afectados por la presencia del terminal flotante, frente a las costas de Lirquén.

Hugo Arancibia, presidente de Ferepa Bío Bío, comentó que también emprenderán acciones legales, puntualizando que si los pescadores de la zona no mostraron su rechazo es porque a “algunos sindicatos de la región les compraron la conciencia por 13 millones 500 mil pesos”.

El dirigente criticó estos “métodos gangsteriles” usados para que “puedan firmar cartas que le den el beneplácito a la empresa”.

La empresa BioBioGenera manifestó que la construcción del terminal de GNL Penco Lirquén, tomará unos dos años, y la operación comenzaría a fines de 2018.

Sin embargo, los opositores más radicales ya anunciaron la judicialización del proyecto ante el Comité de Ministros y eventualmente el Tribunal Ambiental, esto tras una violenta jornada en que hubo cerca de 35 detenidos e incluso la agresión a funcionarios de Gobierno.

La aprobación reactivó las críticas de los detractores, que apuntan a que estaba ya todo definido por parte del Gobierno, como fue el caso de Camila Arriegada, vocera de la Coordinadora Intercomunal, que recalcó que fue una decisión vergonzosa.

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