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El reciente anuncio del ministro de Agricultura, Jaime Campos, respecto de reabrir una oficina ministerial en Osorno ha sido recibido con entusiasmo por diversos actores locales, especialmente por quienes criticaron el cierre de la oficina provincial en 2024. Sin embargo, más allá de la legítima satisfacción de algunos sectores, corresponde preguntarse si esta decisión responde a una política pública bien evaluada o si es simplemente impulsada por la presión de un grupo de empresarios con mucho poder económico en la zona.
Cuando decidimos cerrar la oficina de Osorno en agosto de 2024 teníamos argumentos y evidencia sólida: había que mejorar la coordinación regional, optimizar el uso de recursos y fortalecer la gestión institucional. La medida además contemplaba la reubicación de los funcionarios, sin despidos, y aseguraba la continuidad de la atención a los usuarios.
En ese momento debimos enfrentar la presión de los gremios agrícolas y algunas autoridades comunales que, desconocedores de la precaria situación que enfrentaba la oficina, cuestionaron que una provincia con una fuerte vocación agrícola y ganadera perdiera presencia institucional del ministerio.
Sin embargo, una decisión responsable no puede tomarse únicamente por la intensidad de las protestas que genera. Si en 2024 el ministerio tomó una decisión que apuntaba a una gestión más eficiente, la pregunta evidente es qué cambió desde entonces. ¿Existen estudios, indicadores o evaluaciones que acrediten un deterioro en la atención a los agricultores de Osorno? Hasta ahora, los antecedentes públicos conocidos parecen responder más a consideraciones políticas y simbólicas que a una evaluación objetiva de resultados.
La reapertura también plantea una cuestión de coherencia institucional. Reabrir una oficina implica asumir costos administrativos adicionales, duplicación de funciones y potencial dispersión de recursos en un momento en que, como nos han reiterado hasta el cansancio las autoridades de turno, estos escasean.
El verdadero desafío para un Estado moderno es acercar los servicios a las personas mediante atención territorial efectiva, herramientas digitales eficientes y presencia periódica en terreno. Reabrir una oficina puede tener valor simbólico, pero no necesariamente garantiza mejor atención ni mayor impacto para los agricultores. En ausencia de una estrategia más amplia, existe el riesgo de confundir infraestructura institucional con calidad del servicio público.
Es cierto que Osorno concentra una parte relevante de la actividad lechera, ganadera y agroalimentaria del país. Pero precisamente porque los recursos públicos son escasos, las decisiones deben basarse en evidencia y en criterios de eficiencia. La pregunta de fondo es si reabrir esta oficina constituye la mejor forma de utilizar esos recursos para apoyar al sector agrícola regional.
La señal que transmite el Estado es preocupante: decisiones adoptadas con criterios de eficiencia y buen uso de los recursos públicos, hoy buscan revertirse sin una explicación clara, presumiblemente derivada de la presión de los poderosos gremios lecheros y ganaderos, erosionando la credibilidad de las instituciones y convirtiendo la planificación pública en una sucesión de movimientos pendulares.
La descentralización es una política seria. La eficiencia también. Cuando ambas parecen entrar en conflicto, los ciudadanos merecen algo más que anuncios: merecen evidencia. Y hasta ahora, esa evidencia sigue ausente.
