En dos meses se amplió el plazo de investigación en el caso de la estafa piramidal cometida en las regiones de Valparaíso y la Metropolitana por Pablo Gardella, su cónyuge, sus tres hermanos y un socio.
Los presuntos responsables están imputados por los delitos de estafa, lavado de activos, irrupción en el giro bancario y asociación ilícita, alcanzando cerca de 100 víctimas con un perjuicio que supera los $2.500 millones.
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La extensión de la investigación se requirió por parte de la Fiscalía de Viña del Mar para realizar peritajes contables pendientes respecto de nueva información que ha recabado el fiscal de delitos económicos, Pablo Bravo.
“Necesitabamos aquella información para obtener ya un monto más claro en cuanto a los perjuicios”, indicó.
El persecutor explicó además que con la defensa existe la posibilidad de definir llegar a un procedimiento abreviado entre las partes.
Lo anterior implicaría que los imputados reconocen los hechos y su participación en ellos, abriendo la posibilidad de poder negociar una pena entre el Ministerio Público y las defensas.
En ese sentido, el fiscal indicó que Gardella, quien es el principal imputado en los delitos y se mantiene en prisión preventiva, podría arriesgar una pena efectiva de alrededor de 10 años.
El mismo escenario podría enfrentar su socio, Sebastián Negrete, aunque este último -al igual que el resto de los involucrados- podría optar a penas remitidas o bajo vigilancia intensiva.
De igual manera, el persecutor aseguró que existe un ofrecimiento de parte de las defensas de poder indemnizar -en parte- a las víctimas.
En ese sentido, Bravo aseguró que para que ello sea considerado como una atenuante, el monto devuelto debería bordear al menos el 25% de la cantidad defraudada.
