En una resolución inédita, la Contraloría Regional del Maule señaló que el alcalde de Talca, Juan Castro, ordenó el despido de funcionarios del Departamento de Salud municipal por su condición “homosexual”.

El documento fue remitido al Concejo Municipal y al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que sean estos órganos quienes “ejerzan las atribuciones legales que les competen”, según informó Diario El Centro.

El pronunciamiento del ente contralor fue motivado por el reclamo de tres extrabajadores de la Dirección Comunal de Salud y de consultorios de la comuna de Talca, los cuales fueron despedidos el pasado 30 de junio de 2015, tras la salida del director de dicha repartición, Hernando Durán.

El escrito de 17 páginas señala que los tres afectados que trabajaban a honorarios durante los años 2008, 2011 y 2012, “denuncian que los habrían despedido injustificadamente, por haberlos vinculado a la situación personal del director de ese Departamento de Salud”.

En reserva, la Contraloría entrevistó a ex y actuales empleados del Departamento de Salud para corroborar la veracidad de los “hechos de discriminación” mencionados. De las declaraciones se desprende que el alcalde de Talca, “ordenó al jefe de personal del Desam (Departamento de Salud Municipal), señor Alejandro Alvear Vargas, despedir a un grupo de servidores de dicha dependencia municipal, basado en su orientación homosexual“.

A esto se suma, según indica el informe, que en un principio se efectuaría una sola desvinculación masiva, sin embargo, por sugerencia de la jefatura mencionada se llevó a cabo de manera paulatina.

En el documento, además, se señala mediante la declaración de un testigo cuya identidad se mantuvo en reserva, que el término de labores de los tres ex funcionarios “fue por una reacción homofóbica de don Juan Castro Prieto, alcalde de la Municipalidad de Talca, puesto que todos tenían una larga data de trabajo, sin amonestaciones, con buenas calificaciones y que sus despedidos se dieron en el marco del conflicto sentimental que afectó al director de salud, más allá de la excusa de los contratados a plazo fijo”.

Reacción de los concejales

Junto con remitir el informe al Instituto Nacional de Derechos Humanos, se hizo llegar al Concejo Municipal para que los concejales cumplan sus labor de fiscalización del actuar del alcalde.

“El informe es bien claro en decir que el alcalde no puede hacer discriminación de ningún funcionario, esa no es su facultad. El alcalde debe cumplir la función a la cual se le ha destinado y no venir a discriminar a los funcionarios, él debe dignificar el trabajo profesional, voy a pedir que se nos notifique de esta situación en el Concejo”, manifestó Marcelo Rojas, concejal de Talca.

Por su parte, el concejal Sixto González, agregó que “esto es preocupante porque la normativa municipal deja bien establecido que los funcionarios públicos no pueden discriminar bajo ninguna materia, sobre todo en temas como la orientación sexual de las personas”.

González agregó que en la investigación que realizó Contraloría se deja en claro que se elaboró una “lista negra”, -que era mucho más amplia que la de los despidos que se efectuaron-, por lo tanto, “se comprueba la sospecha que había que el actuar del alcalde es absolutamente homofóbico”.

Es importante mencionar que en el municipio, al ser consultado sobre el dictamen de Contraloría, se limitaron a señalar que dicho documento “no había llegado a la municipalidad”.

La investigación de Contraloría también señala que la desvinculación de Hernando Durán no figura en los registros informáticos de la administración del Estado, al igual que la contratación de Gonzalo Montero en el Departamento de Salud.

“Reiteradamente se le ha dicho que el señor Gonzalo Montero no puede ejercer la función de director comunal puesto que él es un funcionario a contrata. Encargado de Servicios Traspasados es un cargo que inventó el alcalde y no procede porque no está creado en la municipalidad, pero el alcalde no respeta la normativa”, expresó el concejal Rojas.

Sixto González añadió que “acá quiso favorecer a un personaje que es el presidente regional de RN, justamente el partido que hoy entrega el paragua político al alcalde y a su sucesor y para eso el alcalde pasa sobre la ley”.

En la actualidad, la causa se encuentra en la Corte Suprema.