La ministra de Educación, Adriana Delpiano, confirmó que se prevé el cierre de algunas universidades debido a las mayores exigencias de calidad que implica el proyecto de Educación Superior, asegurando que rehusó reunirse con el grupo Laureate por su condición de inversionistas.

Luego que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, expusiera ante la comisión de Educación de la Cámara de Diputados sobre los aspectos financieros del proyecto de educación superior -instancia de la cual no participó la titular del Mineduc-, Adriana Delpiano abordó algunos de estas materias en entrevista con el programa Expreso Bío Bío.

En cuanto a la supuesta entrega de fechas que haría el ministro Valdés para alcanzar la gratuidad más allá del sexto decil, Delpiano aseguró que, más que plazos, se buscaba explicar el mecanismo.

Además, la secretaria de Estado confirmó que el Gobierno prevé el cierre de algunas universidades debido a las mayores exigencias de calidad que propone la iniciativa.

“Lo único que podemos aseverar es que efectivamente va a haber un sistema de acreditación exigente. Lo que queremos es garantizar que la familia sepa que hay una fe pública de que cuando va a una institución, esa institución tiene un nivel de calidad de un estándar aceptable para todo el país. Yo creo que en esa búsqueda de la acreditación y el estándar puede que haya algunas instituciones instituciones que no lo pasen“, afirmó.

Según el ministro Valdés, este cierre de instituciones es la oportunidad que tendrían las universidades estatales para ampliar su matrícula.

En cuanto a las proyecciones de la gratuidad, la ministra aseveró que al final del Gobierno el universo de estudiantes beneficiados llegará a los 500.000. Esto, pese a que desde Hacienda indicaron que ha sido un error fijar cuotas de cobertura, ya que la adhesión al beneficio es voluntaria para las instituciones.

Respecto de las normas que establece el proyecto para terminar con el lucro en las universidades y el futuro que tendrá el Grupo Laureate para seguir operando la administración de las universidades Andrés Bello, Las Américas y Viña del Mar, Adriana Delpiano adelantó que será resorte de la nueva Superintendencia fiscalizar este punto.

Asimismo, reconoció que no quiso recibir a los representantes del conglomerado.

“Tú puedes invertir en un país, lo que es una actividad que te permite sacar ganancias de tu inversión, pero si la ley de ese país dice que no puedes ganar en ese país, estás faltando a la ley. La otra vez este grupo quiso conversar conmigo, les dije que hablaran con inversiones extranjeras, que vieran el problema en ese marco, porque yo me reunía con rectores, no con inversores“, añadió.

La ministra descartó también las críticas de los rectores de las universidades públicas no estatales agrupadas en el G9, quienes han denunciado un trato discriminatorio de parte del Ejecutivo y de haber quebrado el Consejo de Rectores al no reconocer su aporte público.