El presidente del Senado, el socialista Carlos Montes, cuestionó al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, por solicitar al Gobierno que corrija mediante reglamentos la Ley de Educación Superior.

El rector respondió diciendo que sus declaraciones hacían alusión a la implementación de la gratuidad y la fijación de los aranceles regulados.

En tanto, Sánchez respaldó también la solicitud del presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Alfonso Muga, de postergar algunas disposiciones transitorias de la Ley de Educación Superior, petición que la diputada Camila Vallejo consideró inoportuna.

Todo esto, en medio de los cuestionamientos al Gobierno por el retiro de todos los reglamentos y decretos para implementar las leyes de la reforma educacional.

El senador Montes argumentó que una modificación de ese tipo es inconstitucional por los mecanismos establecidos tras la implementación de una ley.

El rector de la Universidad Católica aclaró que sus declaraciones apuntaban a la implementación de la gratuidad y la fijación de los aranceles regulados, de forma que ese cálculo no afecte a las instituciones.

Sánchez también se mostró de acuerdo con lo solicitado por el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Alfonso Muga, quien pidió al Gobierno postergar ciertas disposiciones transitorias de la Ley de Educación Superior, por considerar que los plazos de implementación que se establecen son inviables debido a la carga de trabajo que ello implicará.

La diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, consideró inoportuna la solicitud del presidente de la CNA y dijo que el plazo establecido en la ley es más que suficiente para que las instituciones ajusten sus estándares de calidad.

“Prolongarlo es simplemente hacer que las instituciones descansen, duerman en los laureles y no mejoren prontamente su situación en calidad”, opinó.

Entre los nudos críticos que identifica la CNA están la obligatoriedad de la certificación institucional, el que será requisito para que una universidad pueda existir, donde se propone usar las actuales bases y no esperar los nuevos criterios que fija la ley.

Además, se busca retrasar la acreditación de los doctorados, que la CNA no sea la única agencia de certificación oficial y que la acreditación voluntaria de las carreras se aplace hasta el 2025.