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Comisión de Educación despachó proyecto de Universidades del Estado

Pablo Ovalle Isasmendi | Agencia Uno
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La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó el proyecto de Universidades del Estado. Ahora la iniciativa será revisada por la Comisión de Hacienda, antes de ser votada en la sala la próxima semana.

El proyecto de ley sostiene que, en el caso del Gobierno Universitario, establece que los planteles estatales que hayan modificado su estatutos después de 1990 mantendrán su actual sistema de gobierno.

Este fue uno de los puntos en los que la Universidad de Chile más presionó, aduciendo atropello de la autonomía y también se aplicará para la Universidad de Los Lagos y la Utem. Sin perjuicio, estas instituciones deberán establecer sus propios mecanismos para que los representantes del Estado participen en la aprobación del plan de desarrollo y el presupuesto del plantel.

Las otras 15 universidades tendrán un plazo de tres años para que el Consejo Universitario, órgano en el que participaran todos los estamentos, elabore los nuevos estatutos y el plan de desarrollo institucional, los que a su vez deberán ser ratificados por los nueve miembros del Consejo Superior; cuya composición se modificó quedando el rector, los cuatros miembros de la universidad y bajando de tres a dos las personas que nombraba el Presidente de la República y subiendo de uno a dos, los egresados de destacada trayectoria.

En cuanto al rector, su elección será por cuatro años, siendo reelegido una vez y pudiendo votar para su designación todos los académicos con nombramiento vigente, independiente de su forma de contrato.

Sin embargo, una indicación de Chile Vamos y apoyada por el oficialismo incluyó nuevas causales de remoción para el rector, como la baja o pérdida de la acreditación y sucesivas mermas en la condición financiera del plantel. Parámetros que deberán quedar establecidos en los estatutos, como sostuvo el diputado de la DC, Mario Vengas.

Respecto de los funcionarios, se mantendrá para ellos el régimen jurídico del Estatuto Administrativo, incluyen a los funcionarios no académicos.

También se crea un Consejo de Coordinación de las universidades estatales para articular a estos planteles entre sí y con los demás órganismos del Estado, el cual estará conformado por rectores, autoridades de gobierno y de la región.

En cuanto al financiamiento, se consagra el Convenio Marco como un mecanismo permanente. En cuanto al plan de fortalecimiento para las universidades del Estado, sólo se aprobó el monto asignado de los $150 mil millones, rechazando el plan y el período de 10 años que propuso el Gobierno, tema que la ministra de Educación, Adriana Delpiano, indicó buscarán reponer.

Entre los cambios propuestos por los parlamentarios, se aprobó que todas las universidades del Estado sean gratuitas, indicación inadmisible que lo más probable sea desechada en la Comisión de Hacienda. Al igual que aquella modificación de los diputados que permite que los planteles estatales sigan recibiendo la gratuidad, a pesar de cumplir los cuatro años de acreditación, como se establece para el resto de las universidades y que fue defendido por la comunista Camila Vallejo.

El Gobierno también introdujo una indicación que exime a las estatales de seguir vendiendo servicios al Estado, pese a haber sido condenada por tutela laboral, de manera de evitar lo que pasó con la Universidad de Chile este año que tras ser condenada en una causa laboral, quedó excluida de participar del concurso para adjudicarse la encuesta Casen.

Desde la oposición hicieron reserva de constitucionalidad de todas aquellas indicaciones inadmisibles, que de todas formas fueron aprobadas por los parlamentarios oficialistaa y criticaron el resultado de la discusión como sostiene el diputado de la UDI, Jaime Bellolio.

Se aprobó también que las universidades estatales no tendrán limitación en la matrícula, sin embargo este aumento deberá ser en áreas pertinentes y que no afecten el desarrollo institucional.

Además, se aliviana la carga burocrática de las universidades al eliminar el trámite de toma de razón de la Contraloría General de la República sobre algunas materias.

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