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Comunidad de la U. Arcis rechaza dichos de ministra Delpiano sobre un eventual cierre

Agencia UNO
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Estudiantes, trabajadores y docentes de la Universidad Arcis rechazaron las declaraciones de la ministra de Educación sobre el eventual cierre del plantel. Además, la emplazaron a apoyar el proyecto que busca modificar la ley del Administrador Provisional y permitir que el Estado inyecte recursos a las instituciones en crisis.

Molestia existe en la comunidad de la Universidad Arcis tras las declaraciones de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien aseguró que se debe evaluar el cierre del plantel, debido a las reiteradas postergaciones que se ha hecho de la venta de la sede de calle Libertad.

El Comité de Continuidad, conformado por docentes, estudiantes y trabajadores de los sindicatos 1 y 3, aclaró que todos los estamentos de la universidad están abogando por que se mantenga el proyecto de Arcis, expresando su rechazo a los dichos de la ministra Delpiano, como lo detalló la vocera de los estudiantes no federados, Cynthia Iribarra.

Pese a las dificultades y estrechez económica que han debido sortear por el pago parcial de sus remuneraciones y la deuda previsional que se arrastra desde 2014, los trabajadores han mostrado su disposición a seguir adelante con el funcionamiento de la Universidad Arcis, según el tesorero del sindicato número 3, Francisco Gárate.

Desde la Federación de Estudiantes, su presidenta Sandra Beltrami, emplazó a la ministra de Educación a dar una respuesta formal sobre el patrocinio al proyecto que busca modificar la ley del Administrador Provisional, permitiendo que el Estado inyecte recursos a las instituciones en crisis, concentrando sus críticas en el Gobierno y en el administrador, Patricio Velasco; pero evitando referirse a quienes fueron los artífices de esta historia: el Partido Comunista.

Además, el comité de continuidad de Arcis tiene previsto realizar una marcha hacia el Ministerio de Educación, el próximo 2 de noviembre, con el fin de visibilizar su precaria situación, la cual se arrastra desde inicios de 2014, luego que organizaciones vinculadas a los comunistas hicieran el retiro de su millonaria inversión.

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