A seis años del incidente en la Mina San José, mineros enfrentan dos acciones judiciales, una en la que son querellantes y otra en la que son querellados.
La primera de ellas, se trata de una denuncia de cuatro de los 33 mineros rescatados de la Mina San José, quien denunció en 2014 a la Fundación que los reúne, por “negarse persistentemente a dar cuenta de los dineros recaudados de diversas instituciones que donaron recursos, desconociéndose su destino”.
Precisamente, esta denuncia provocó que el Consejo de Defensa del Estado interpusiera una demanda en contra de la Fundación, según publicó La Segunda.
Las acusaciones apuntan al manejo del presidente de los 33 de Atacama, y uno de los mineros rescatados, Luis Urzúa, quien se defendió señalando que el dinero está debidamente justificado.
Cabe indicar que Mario Sepúlveda, otro de los rescatados, renunció a la Fundación un año después de que se creara. Él especificó que cuando vio que no iba a haber buenos resultados, decidió abandonar el grupo.
Otro de los procesos judiciales en los que están involucrados algunos de los mineros, es por la denuncia que realizaron por estafa calificada, apropiación indebida y contrato simulado contra sus ex abogados.
Durante esta jornada, declararon Luis Urzúa, Jorge Galleguillos y Víctor Zamora, tres de los diez mineros que presentaron la demanda en contra de Remberto Valdés y Fernando García.
El fiscal jefe de la Fiscalía de Caldera a cargo del caso, Álvaro Córdoba, señaló que por ahora solo se están recabando los antecedentes.
La querella, según Córdova, contempla investigar desde el día en que se produjo el incidente en la Mina San José, el cinco de agosto de 2010.
Además, confirmó que están contemplados nuevos interrogatorios al resto de los mineros que interpusieron esta demanda.
