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Funcionarios del Ministerio Público se suman a petición de renuncia de ministra Blanco

Agencia UNO
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La Federación de Funcionarios del Ministerio Público se adhirió a la solicitud de renuncia de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, cuestionada por una serie de hechos que vinculan a su cartera.

Entre las causas que consideran los funcionarios está “la negativa de la secretaria de Estado de reunirse con los dirigentes del órgano persecutor por más de 14 meses“.

A lo anterior agregan el “incumplimiento de compromisos adquiridos como la creación de un mecanismo de fiscalización laboral externa”.

A través de un comunicado, la presidenta de la Fenamip, Paulina Ruiz, junto al directorio afirmaron que la autoridad “se comprometió -durante el trámite del Proyecto de Fortalecimiento Institucional- ante el Senado y el presidente de la ANEF, Raúl de La Puente, a trabajar los temas que el Ejecutivo simplemente dejó fuera de esa iniciativa”.

Según Ruiz, se trata de demandas históricas, “una de ellas altamente resistida por la Autoridad Nacional: la fiscalización laboral externa”.

Al no existir un control por parte de la Contraloría “no podemos apelar a ese organismo los despidos injustificados y otras medidas administrativas que no se ajustan a derecho, sino que se aplican aleatoria y arbitrariamente”, puntualizó la dirigente.

Agregó que este año le presentaron casos emblemáticos al fiscal nacional, solicitándole que reconsiderara algunas “desvinculaciones injustificadas” y llamando a “corregir el accionar de los fiscales regionales que los aplicaron”, pero “la respuesta fue negativa”.

En esas condiciones “los funcionarios se sienten inhibidos de denunciar los malos tratos que reciben de los fiscales o las irregularidades que detectan en los procesos de investigación penal y sumarios administrativos”, advirtió Ruiz.

La fiscalización, a cargo de la Contraloría General de República, sería a juicio de los funcionarios determinante para frenar las malas prácticas de los fiscales regionales como “disponer a su antojo los diversos puestos laborales, aplicando despidos injustificados, resolviendo temáticas como si fueran una institución blindada y a puerta cerrada”.

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