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ONU: El pueblo indígena es el Talón de Aquiles para Chile en derechos humanos

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Durante el Consejo de Derechos Humanos sesionado en Ginebra, el relator especial de la ONU, Philip Alston, presentó el informe que elaboró luego de su visita a Chile durante el 2015 y afirmó que “los derechos de los pueblos indígenas son el talón de Aquiles del historial de Chile en materia de derechos humanos en el siglo XXI”.

Alston agregó que “ningún esfuerzo serio por eliminar la extrema pobreza en Chile podrá tener éxito sin una focalización sobre la situación de los pueblos indígenas”.

Además, la falta de representación política de los pueblos indígenas es, según explicó Alston, una de las preocupaciones para la ONU considerando que uno de cada diez chilenos se reconoce indígena, sin embargo, ninguno ocupa un cargo de representación popular en el Congreso.

En la declaración también critica la falta de claridad por parte del Estado en relación al número de ciudadanos indígenas, ya que esto impide una política eficaz. Esta falta de precisión en los números responde a las dudas que dejó el cuestionado censo del año 2012. A pesar de no contar con cifras exactas, Alston afirma que “lo que no se cuestiona, es que las cifras de pobreza son especialmente altas para la población indígena

De acuerdo al informe, en 2013 la tasa de pobreza por ingreso era cerca de dos veces la de la población no-indígena (23,4% contra 13,5%). En términos de pobreza multidimensional la tasa indígena es de 31,2%. En otras palabras, casi un tercio de toda la población indígena vive en situación de pobreza.

El enviado de la ONU además de realizar un diagnóstico sobre esta problematica, realizó algunas recomendaciones al Estado chileno. La primera de ellas es que los pueblos indígenas de Chile debieran estar reconocidos en la Constitución, así como sus derechos.

Además, el Gobierno debiera ajustarse a sus obligaciones conforme al Convenio 169 de la OIT, ratificado en 2008. También se refiere a las empresas forestales y agrícolas en los territorios reclamados por los pueblos indígenas e indica que “debieran adoptar un conjunto de políticas de derechos humanos que se ajusten a los requerimientos de los Principios Rectores para las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas“.

Otra de las recomendaciones es la creación de un Ministerio de Asuntos indígenas, iniciativa que ya fue enviada a tramitación por el Ejecutivo.

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