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Perú ofrece recompensa a quien ayude a captura de expresidente Alejandro Toledo

ARCHIVO | Agence France-Presse
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Perú ofrece una recompensa de 100.000 soles (más de 19 millones de pesos chilenos) a quien brinde información sobre el paradero del expresidente Alejandro Toledo, con orden de captura, acusado de recibir sobornos de la constructora Odebrecht a cambio de obras.

Hay una recompensa de 100.000 soles que se pagará en cualquier país del mundo“, dijo a la prensa el ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien instó a Interpol a actuar con la mayor celeridad posible.

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Sobre Toledo -quien gobernó Perú entre 2001 y 2006- pende una orden judicial de captura internacional dictada el jueves, tras haber sido acusado de recibir 20 millones de dólares a cambio de favorecer a la constructora Odebrecht con la concesión para construir la carretera interoceánica, que une Perú con Brasil.

“Invocamos a Interpol Francia a actuar con la mayor celeridad posible ante alto riesgo de fuga en caso Toledo”, escribió el Ministerio del Interior en su cuenta de Twitter.

El exgobernante se encontraba en Francia hace unos días, pero ahora su paradero es desconocido.

Toledo pasó así a integrar la lista de los más buscados de Perú, compartiendo espacio con violadores, asaltantes, asesinos y estafadores, en un programa de recompensas lanzado hace unos meses por el gobierno.

“Interpol tiene que notificar a 190 países que Perú ha lanzado una alerta roja”, dijo a la prensa la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello.

De ser capturado, Toledo deberá cumplir una orden de prisión preventiva por 18 meses, mientras duren las investigaciones.

Alguna vez paladín de la democracia en Perú, Toledo, a sus 70 años, está a punto de convertirse en el segundo expresidente peruano en las últimas tres décadas en ir a prisión por un caso de corrupción, tras el autócrata Alberto Fujimori, de quien fue férreo opositor.

Odebrecht, que ha reconocido pago de coimas en Brasil y Latinoamérica a cambio de obras públicas en un caso conocido como “Lava Jato”, reconoce que pagó 29 millones de dólares en Perú ilegalmente entre 2005-2014, durante los gobiernos de Toledo, Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

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