Momentos tensos se viven en el fútbol chileno luego de que la mañana de este jueves se diera a conocer la decisión de la segunda sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP de revocar el fallo inicial y determinar la resta de cuatro puntos a Cobreloa, lo que significa el descenso del club a Primera B.

La noticia indignó al presidente de la comisión fútbol de Cobreloa, Sebastián Vivaldi, quien cuestionó la medida. “Es difícil ganar cuando uno no tiene fuerza dentro del sistema. Ellos tenían un integrante de Ñublense en el directorio de la ANFP, entonces él tiene más fuerza adentro para poder moverse y presionar. Pedí una reunión con Jadue para explicar y decirle que queríamos inhabilitar al señor (Carlos) Torres, pero no se pudo. Sabíamos que ese voto era en contra. Ahí está (Ezequiel) Segal, presidente de la Primera Sala y que votó contra nosotros”, fueron parte de las declaraciones de Vivaldi en Bío Bío Deportes.

En este escenario, un grupo de 11 diputados salieron al paso de estos dichos a través de una declaración pública en la que señalaron que Vivaldi se habría expresado en términos inapropiados e injuriosos.

“Rechazamos profundamente las palabras del señor Vivaldi, ya que incitan al odio y perjudican el normal término del Torneo Nacional de Fútbol. Además, las consideramos destempladas, carentes de realismo y sólo demuestran un claro y concreto sentimiento racista, anclado en la ignorancia y en las prácticas más deleznables que la humanidad ha conocido”, explican los parlamentarios Ramón Farías (PPD), Daniel Farcas (PPD), Gabriel Silber (DC), Marco Antonio Núñez (PPD), Marcela Hernando (PRSD), Marisol Turres (UDI), Felipe Kast (Evópoli), Cristián Campos (PPD), Fernando Meza (PRSD), Jorge Ulloa (UDI) y Jaime Pilowsky (DC).

A esto agregaron que “exigimos la inmediata intervención del Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol, Sergio Jadue, a quien solicitamos realice las acciones necesarias para que el señor Vivaldi sea amonestado de la forma más enérgica posible, según los estatutos del organismo”.

La declaración finaliza diciendo que “tras este lamentable episodio, creemos que es más necesario que nunca avanzar en la concreción de una legislación que imponga sanciones a todo aquel que, con actos o declaraciones, incite al odio entre distintas comunidades o credos existentes en Chile”.