Raúl Meza, uno de los abogados querellantes del caso Tsunami, calificó como un precedente judicial de mucha importancia el dictamen del Segundo Juzgado Civil de Valparaíso que condenó al Fisco a pagar $110 millones por daño moral a la madre y tres hermanas de María Angélica Erices, una de las 16 víctimas del 27F en el Archipiélago Juan Fernández.
El abogado, quien solicitara en el año 2013 que la Presidenta Michelle Bachelet declarara en calidad de imputada, afirmó que se sienta un precedente de carácter jurídico fundamental al acreditar y confirmar que hubo responsabilidad de funcionarios del Estado, quienes estaban a cargo durante la emergencia nacional.
Meza, insistió en la responsabilidad de la mandataria en la toma de decisiones, ya que era el funcionario público de mayor rango en las oficinas de la Onemi el 27 de febrero de 2010, por lo que los antecedentes del fallo serán utilizados para que sean objeto de debate en el resto de las querellas presentadas en el país.
Cabe destacar que se trata de la segunda indemnización que deberá costear el Fisco, luego que la Corte Suprema lo condenara a pagar $55 millones a la familia de Mario Obando, otra víctima del 27F que murió en Talcahuano por la tardía información de alerta que entregara Jaime Tohá, intendente de la región del Bío Bío de la época.
