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Educación: las universidades públicas no deben competir con las reglas de las privadas

Víctor Salazar | Agencia Uno
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El sentido común nos sugiere que lo estatal es público y lo público es estatal. Pero, examinado con más detención, por una parte, ni todo lo estatal es público ni todo lo público es estatal.

El Cuerpo de Bomberos, por ejemplo, es público, tanto desde el punto de vista del servicio que presta como del acceso a la Institución. Sin embargo, no es estatal. Por otra parte, si bien muchos bienes del Estado son públicos, como las calles, parques y playas, otros no lo son, como buenaparte del territorio nacional, sus yacimientos mineros y sus aguas.

Lo dicho hasta aquí es solo una visión estática de las instituciones. También es relevante considerar la dinámica social en que éstas participan. Para seguir con el ejemplo del Cuerpo de Bomberos, éste se financia con aportes privados -colectas y donaciones- y con aportes estatales. Es decir, transforma bienes privados y estatales en un servicio público. Algo similar hace la educación pública, transforma fondos estatales en un servicio público.

En el terreno de la educación superior, hay universidades estatales que son públicas, como la Universidad del Bío Bío o la Universidad de Chile, pero también hay universidades públicas que no son estatales, como la Universidad Austral o la Universidad de Concepción.

Esta última es pública, tanto por pertenecer estatutariamente a la comunidad de Concepción y no tener fines de lucro, como por los servicios que ofrece, accesibles a cualquier habitante del territorio nacional, sin ningún tipo de restricción o preferencia, ni social, ni política, ni religiosa.

Sus ingresos provienen tanto de fuentes privadas –aranceles, Lotería de Concepción, donaciones- como de fondos estatales. A cambio de ellos, entrega a la comunidad regional y nacional profesionales, conocimiento científico y humanístico, innovación tecnológica y otros bienes culturales, factores imprescindibles para su desarrollo.

En contraste, buena parte de las nuevas universidades privadas obedecen a la misma lógica que la educación particular subvencionada. Si bien no tienen derecho a lucrar, actúan en la práctica como si lo tuvieran, derivando sus ganancias por medio de “empresas espejo”. Se abocan a la parte más rentable del “negocio”, la formación de profesionales, sin invertir mayormente en investigación, innovación o extensión.

Disminuyen también costos contratando muy pocos docentes de planta calificados, lo que en varios casos ya ha puesto en duda la calidad de la formación que entregan, frustrando la confianza de sus estudiantes y endosando problemas de difícil solución al Estado.

En este contexto, también preocupa el hecho de que las universidades públicas, que hasta 1973 ofrecían educación gratuita, se hayan visto forzadas por el Estado a cobrar aranceles a sus estudiantes del mismo modo que las privadas, aunque con una serie de beneficios tendientes a paliar, en alguna medida, las diferencias socioeconómicas del alumnado y el hecho de que las becas estatales no cubren el 100% del arancel. Ello, sumado a la diversidad y complejidad de sus funciones, ha generado ciertos déficits presupuestarios que se arrastran por décadas.

Es necesario evitar que las dificultades económicas lleven a las universidades públicas a intentar aumentar sus ingresos por la vía de la expansión de la matrícula, entrando a competir con las universidades privadas con las reglas de éstas.

Si nos interesa seguir teniendo en Chile universidades de calidad, públicas o estatales, capaces de estar entre las mejores de Latinoamérica -y ojalá del mundo- debemos afrontar como país los problemas en que éstas se debaten. Una vía es canalizar los recursos destinados a la educación superior solo hacia instituciones comprobadamente sin fines de lucro y de calidad acreditada.

Dr. Benito Rodríguez Rodríguez
Académico Facultad de Ciencias Químicas
Universidad de Concepción
NuevaRectoriaUdeC2014.cl

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