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CDE confirma 52 casos de falsos exonerados políticos y Gobierno pide evaluar cese de pensiones

Rodrigo Ubilla | M. del Interior
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El Consejo de Defensa del Estado confirmó que 52 casos de exonerados políticos son falsos, por lo cual se pidió al Instituto de Previsión Social que evalúe terminar con la cancelación de las pensiones, indicó el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

En tanto la Asociación de Exonerados, frente a este nuevo escándalo, pidió que se busquen las responsabilidades a nivel político.

El hecho quedó al descubierto luego que el Subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla, el 26 de octubre pasado, presentara al Consejo de Defensa del Estado 250 carpetas de personas que eran beneficiarias con la ley de exonerados políticos de 1973.

La entidad estableció que del total recibido, 52 casos son falsos, ya que no corresponden a personas que hubiesen estado trabajando en empresas del estado al momento del golpe militar.

Así lo anunció el subsecretario Ubilla, quien explicó que producto del informe del Consejo de Defensa del Estado, se pidió al Instituto de Previsión Social terminar con las pensiones a esas personas.

52 casos que según se detalló, efectivamente quedaron sin trabajo la fecha del golpe de estado, pero pertenecían a empresas privadas donde jamás el Gobierno tuvo participación.

Situación que ya hace dos a tres años, la Contraloría de la República, había entregado observaciones al respecto, indicando que era irregular la cancelación de pensiones a personas que nunca tuvieron relación con el estado, informes que no fueron ejecutados por las autoridades de la época, indicaron fuentes a La Radio.

Falsos exonerados, que trajo de inmediato reacciones de la entidad que los agrupa, los cuales pidieron buscar la responsabilidades políticas ante el escenario que se está viviendo, indicó uno de los vocero de la organización Raúl Cepeda.

Escenario e informes que estarían avalando la tesis de la Subsecretaría del Interior, entorno a que hubo una serie de irregularidades en la aplicación de los beneficios a exonerados políticos, no descartando, según precisar fuente a La Radio, que se tengan que iniciar acciones legales contra exautoridades de los Gobiernos de la Concertación.

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