Legisladores republicanos acusaron este martes al gobierno del presidente Barack Obama de conceder una “amnistía administrativa” de hecho a cientos de miles de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos gracias a su nueva política de deportación.
La oposición, que domina la Cámara de Representantes, ha presentado varios proyectos de ley para endurecer los controles en la frontera y para intentar implementar un programa que obligaría a los empresarios a comprobar el estatuto legal de un trabajador extranjero.
“Es preocupante que el gobierno haya ofrecido literalmente a centenares de miles de inmigrantes indocumentados una amnistía mediante una serie de memorandos administrativos”, acusó en audiencia la republicana Candice Miller, jefa del subcomité de Seguridad Fronteriza de la Cámara de Representantes.
El gobierno Obama anunció a finales de agosto que revisará caso por caso 300.000 órdenes de deportación pendientes y que a partir de ahora se dará prioridad a la expulsión de los indocumentados con antecedentes.
Las autoridades calculan que unos 11 millones de extranjeros viven sin papeles en Estados Unidos, de los cuales 1 millón aproximadamente tienen antecedentes.
Entrar o permanecer en Estados Unidos sin la documentación debida es un delito federal, pero varios estados y condados han promulgado en los últimos años leyes para perseguir a esos indocumentados, alegando que el gobierno federal no lo hace.
“Necesitamos que las agencias nos digan qué recursos necesitan, porque es una responsabilidad constitucional del Congreso garantizar la seguridad de las fronteras”, pidió Miller ante dos de los testigos de la audiencia, uno responsable de la Patrulla Fronteriza y otro de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE).
La política de deportación “ha sido descrita como un esfuerzo sin precedentes para deportar a un número récord de personas (…) o como una amnistía administrativa”, declaró Kumar Kibble, vicedirector del ICE.
“Ambas definiciones son incorrectas”, añadió el alto funcionario, para quien con los recursos disponibles, el ICE está dando prioridad a los que representan un peligro para la sociedad.
“Con los recursos disponibles estamos batiendo récords”, reconoció sin embargo Kibble, en alusión a los 1,1 millones de deportados en los dos años y medio de gobierno Obama.
La prioridad a los criminales o reincidentes es una política adecuada, añadió Michael Fisher, jefe de la Patrulla Fronteriza.
“Apoyamos esa política”, dijo Fisher a preguntas de los congresistas.
