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Ministerio Público debe individualizar a responsables de filtrar informe médico del “Cisarro”

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En manos del Ministerio Público quedó este martes la denuncia formulada por la titular del Cuarto Juzgado de Familia de Santiago, María Cecilia González, quien remitió a la justicia penal los antecedentes relacionados con la filtración del informe médico que detallaba el estado de salud psicológico de Cristóbal O.C.M. (10), alias el “Cisarro”.

Según consta en el escrito enviado por la magistrada al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se busca establecer las presuntas responsabilidades que le cabrían a todos los intervinientes de la causa en la que está involucrado el niño.

En la denuncia formulada por la jueza Gonzáles, se reconoce que durante la audiencia por solicitud del Sename se pidió “a los intervinientes a no revelar los datos confidenciales de la causa, teniendo presente que se trata de una causa reservada en la cual se reveló el diagnóstico del niño C.O.C.M”, hecho que habría sido presuntamente soslayado por alguno de los presentes.

En esta línea la titular del Juzgado de Familia sostiene que “con el objeto de investigar las posibles responsabilidades en el delito de desacato, previsto y sancionado en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, se hace la denuncia ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago”, dice el escrito.

En la pasada instancia judicial estuvieron presentes representantes el doctor Rodrigo Paz, quien atiende al menor en el recinto médico; la madre del niño Jaqueline Morales, el abogado de la madre Juan Subercaseaux. Además participaron representantes de la Corporación de Asistencia Judicial, del Sename y de la Fundación Opción.

Desde el pasado 3 de agosto, Cristóbal se encuentra internado en la Unidad de Corta Estadía Psiquiátrica del citado recinto, donde un equipo de facultativos le efectuó las pericias que posteriormente se dieron a conocer contrariando lo resuelto por el tribunal en su momento.

Junto con esta acción judicial, la titular del Cuatro Tribunal de Familia ordenó una investigación sumaria interna, para determinar las eventuales responsabilidades que le cabría a los funcionarios judiciales en este tema. (UPI)

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