En su primer discurso como Jefe de Estado, pronunciado el 12 de marzo en el Estadio Nacional, el presidente Patricio Aylwin abordó el tema de las violaciones a los Derechos Humanos en dictadura: “Debemnos abordar este delicado asunto conciliando la virtud de la justicia, con la virtud de la prudencia y concretadas las responsabilidades personales que corresponda, llegará la hora del perdón”.

Así comenzaba la denominada Doctrina Aylwin que para muchos se traducía en justicia dentro de lo posible. El mandatario tenía al frente al Poder Judicial, dirigido por 17 integrantes de la Corte Suprema, designados en su mayoría por la Junta Militar.

En un capítulo poco comentado, Aylwin habló en Pucón el 30 de marzo de 1990 para la Ceremonia Inaugural de la Convención de Magistrados. “Nadie puede objetivamente negar que la administración de justicia experimenta una grave crisis”. “Se le ve más bien como un mero servicio público (…) a menudo dócil a las influencias de poder” les dijo el mandatario con la siguiente conclusión: “Esta crítica adquiere especial relevancia en lo que respecta a las causas en que tenía algún interés el régimen anterior, sobre todo en materia de Derechos Humanos”.

Cuatro días después, 14 supremos firman un acta aseverando: “El poder judicial no está en crisis, y no lo está porque cumple y seguirá cumpliendo su reservada misión de ser justo”.

En este ambiente, el 25 de abril de 1990, mediante el Decreto Supremo N° 335, Aylwin crea la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que presidirá el jurista Raúl Rettig Guissen y donde asumiría Jorge Correa Sutil como secretario ejecutivo.

Este último recuerda que esta instancia es una decisión personal del presidente, sin hacer caso a comunicólogos – Eugenio Tironi confirma el relato – y otros expertos que se oponían a buscar en ese momento la verdad de las violaciones a los Derechos Humanos.

Las Fuerzas Armadas reaccionan

Las Fuerzas Armadas no fueron meras espectadoras tras el retorno a la democracia. Reaccionaron, pero por motivos distintos. El 19 de diciembre, el entonces Comandante en Jefe, Augusto Pinochet, ordenó un acuartelamiento de las tropas, luego que saliera a la luz pública el pago de cheques por parte del Ejército a su hijo, Augusto Pinochet Hiriart.

Efectivos del Ejército, con fusiles de alto poder, rodearon el edificio militar de Zenteno, a escasos 200 metros de La Moneda. Periodistas de la época relatan que mucha gente que vivió el Golpe Militar de 1973, al ver esta escena lloraban y corrían desesperadas a sus hogares.

Tres meses más tarde, el 4 de marzo de 1991, el presidente Aylwin dio a conocer los resultados de la Comisión, conocido como el Informe Rettig. Eran 6 tomos y con los casos de 2 mil 279 víctimas de la dictadura. Ese día Aylwin, también en contra de sus asesores, que le decían que iba a dar una señal de debilidad, pidió perdón en nombre de la nación, a los familiares de los asesinados y detenidos desaparecidos.

El informe Rettig hizo además un duro balance de la actuación de los tribunales de justicia. Partía así esta crítica “Durante el período que nos ocupa, el Poder Judicial no reaccionó con la suficiente energía frente a las violaciones a los Derechos Humanos” y los hace responsables en gran parte de la impunidad en que actuaron los militares.

El 13 de mayo la Corte Suprema emite una declaración en la que rechaza en duros términos los argumentos de la Comisión Rettig “La Corte Suprema de Justicia no puede aceptar como válido el enjuiciamiento de los tribunales por una entidad que carece totalmente de la más insignificante facultad para hacerlo (…) la Comisión rebasó abusivamente las facultades que se le habían conferido, juzgando y censurando el desempeño de los tribunales en general y de la Corte Suprema en particular”.

En la actualidad, el informe Rettig es la “Biblia”, o casi un código más de los jueces que investigan crímenes registrados en la dictadura cívico-militar. Ejemplo de ello es el reciente fallo del ministro Jorge Zepeda, al aplicar la prescripción en el caso de la muerte del estadounidense Boris Weisfeiler, ocurrida en 1984, por no estar incluido en este registro.

Hay cronistas como Ascanio Cavallo que describen la carta de Patricio Aylwin, enviada a través de su ministro de Justicia Francisco Cumplido, donde les pide a los jueces investigar antes de aplicar la ley de amnistía o la prescripción. De aquella misiva no existe registro.

Sin embargo, el Poder Judicial se reivindica años después del Gobierno de Aylwin, en septiembre de 1998, en un fallo clave para estos casos y que abre el enjuiciamiento de criminales como Manuel Contreras, Pedro Espinoza y Marcelo Moren Brito, entre otros.

Es la sentencia por el crimen de Pedro Poblete Córdova, donde aplica los Convenios de Ginebra que hacen inamnistiables e impresciptibles estos hechos al calificarlos como delitos de lesa humanidad.

Los tiempos han cambiado y hoy el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, se sumó a las condolencias por el fallecimiento del expresidente, recordando la figura de su padre, Miguel Aylwin Gajardo, quien fue presidente del alto tribunal entre 1957 y 1960.

Por lo anterior, comprometió al Poder Judicial en la participación de todas las ceremonias que se realicen.

Dolmestch además recordó un dato poco conocido: Aylwin, como experto en derecho administrativo, participó en la comisión que redactó el actual Código Orgánico de Tribunales.