La madrugada del 30 de marzo la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a 10 comuneros y una machi mapuche acusados de participar directamente del ataque incendiario en donde murió el matrimonio de agricultores Werner Luchsinger y Vivianne Mackay.
Estos operativos simultáneos se realizaron luego que Manuel Peralino confesara lo ocurrido tras sufrir un quiebre emocional que gatilló un intento de suicidio. Sin embargo, durante el control de detención Peralino se retractó de su confesión y aseguró que fue amenazado por la policía.
Sobre el procedimiento en torno al denominado Caso Luchsinger-Mackay, el jefe de la Defensoría Penal Mapuche, Pablo Ardouin, indicó que presentarán una acción constitucional de amparo “a favor de mis representados al estimar que que la resolución que decretó la prisión preventiva carece de la fundamentación exigida por la ley”.
Ardouin explicó que presentan este recurso, dado que en este caso hay “ilegalidades evidentes que han vulnerado nuestra propia legislación procesal penal y en consecuencia la Constitución”.
“El propio Ministerio Público reconoció en la audiencia que la prueba principal era la declaración (de Peralino) y el resto era solamente pruebas de muy baja calidad. El propio ente persecutor lo señala en la audiencia”, señaló Ardouin.
Junto con eso, el defensor de los comuneros indicó que en primero lugar les interesa que se les entregue una copia de la carpeta de investigación. “Hemos obtenido partes por fotografías [...] Nos interesaría que se reprodujera la declaración extensa que dio -por más de una hora- el señor Peralino ante el tribunal“.
Escucha la entrevista realizada por Rayén Araya y Álvaro Escobar en Expreso Bío Bío:
