Fue en octubre del año pasado, al exponer ante la Comisión de Constitución del Senado, cuando Jorge Abbott fijó una línea que, se esperaría, cruzara sobre todo los casos Penta y SQM: si no existía una querella o denuncia del Servicio de Impuestos Internos, no es viable ninguna acción penal en delitos tributarios.

Sin embargo, los fiscales que investigan casos de financiamiento irregular de la política no han seguido esta “doctrina Abbott”.

El persecutor del caso Penta, Manuel Guerra, decidió solicitar la formalización del ex ministro Laurence Golborne, y lo mismo hizo el fiscal del caso Soquimich, Pablo Gómez, contra Pablo Longueira, amparándose en la existencia de una denuncia de Impuestos Internos de agosto de 2015, que contenía la frase “en contra de quienes resulten responsables”.

El miércoles, el fiscal Guerra justificó la decisión de formalizar sin esperar querella nominativa del servicio.

Para el fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, en este tema no hay polémica al interior de la fiscalía.

Desde el Gobierno, el vocero Marcelo Díaz afirmó que Impuestos Internos debe ejercer con autonomía sus funciones.

En una breve conversación con CNN Chile, el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, afirmó que en este tema no ve discrepancias.

El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, afirmó la decisión de formalizar sin querella nominativa del Servicios de Impuestos Internos es una discusión jurídica que no está zanjada. Declinó manifestar su postura, debido a que eventualmente sería este tribunal el que se deberá pronunciar para dirimir esta problemática.