Luego de dos años de investigación, el fiscal regional de Magallanes, Juan Agustín Meléndez Duplaquet y el persecutor especialista en delitos de “corrupción”, Felipe Aguirre Pallavicini, formalizaron a cinco de las seis personas involucradas en un delito de fraude y estafa en perjuicio del Fisco y negociación incompatible, por un monto de 520 millones de pesos.
La audiencia se efectuó ayer en el Tribunal de Garantía de Punta Arenas, donde se informó a Luis Sáez Martínez, ex jefe de la División de Análisis y Control (DAC) del Gobierno Regional; a Javier Gómez Letelier, ex asesor comunicacional de la Secretaría Regional de Justicia; a Patricia Leiva Narváez propietaria de la empresa Rayén SPA, a su pareja, Javier Gajardo Castro, representante legal de la misma y a su administrador Hugo Reyes Tureuna; que el Ministerio Público los investiga por fraude y estafa.
El hecho ocurrió en marzo de 2012 cuando, estando en zona de catástrofe por el desborde del Río de las Minas, se celebraran contratos entre la empresa contratista y el Gobierno Regional, que habrían tenido por fin engañar al Fisco de Chile, lesionando sus intereses por medio de cobros indebidos y maniobras fraudulentas por un monto cercano a los 500 millones de pesos.
De acuerdo a la formalización, estas maniobras se lograron debido a que Luis Sáez y Javier Gómez eran parte del Comité de Operaciones de Emergencia presidida por el intendente de la época, lo que les permitió tener el poder para adjudicar a la empresa “Rayén” la limpieza de los escombros de la ciudad, sin que esta sociedad tuviera la experiencia, las competencias necesarias, ni maquinarias para realizar la tarea encomendada.
En la oportunidad, el fiscal Meléndez formalizó además a Luis Sáez por el delito de negociación incompatible, indicando que durante 2011, el Gobierno presentó para licitación en el mercado el “diseño de la estrategia y posicionamiento de la marca Gore”, pactándose como precio la sobrevalorada suma de 50 millones de pesos, con un tiempo de 11 meses para efectuar el trabajo. Proyecto que mediante terceros manejaba finalmente el mismo Sáez junto a su hermano Pablo. Cabe indicar que el monto defraudado en este proyecto es de 20 millones de pesos aproximadamente.
El juez de Garantía, Juan Enrique Olivares, dio seis meses para investigar y dejó con medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional a todos los imputados.
Cabe indicar que Pablo Sáez Martínez no se presentó a la audiencia, fijándose una nueva audiencia para el próximo 23 de junio.
